El Gobierno de Cantabria, a través del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha sacado a información pública este viernes el anteproyecto de la ley que recuperará el Consejo Económico y Social (CESCAN).
Se trata de un órgano consultivo que tendrá un gasto "mínimo" de 75.000-80.000 euros y que podría empezar a funcionar en 2019, según las estimaciones de la Consejería de Presidencia y Justicia, en la que se integrará el CES.
Además, confía en que, tras el proceso de información pública del documento y su tramitación interna, el Gobierno estará en condiciones de remitirlo al Parlamento en este primer semestre para su debate después del verano.
El nuevo CES no tendrá una estructura independiente, sino que estará integrado en la Consejería de Presidencia, y no tendrá tampoco un presupuesto propio, a diferencia del anterior, que en 2006 tuvo un presupuesto de casi 600.000 euros y en 2012 de 400.000.
Únicamente el presidente del CES, que es elegido por el Gobierno, tendrá dietas por asistencia a reuniones, y el resto de los consejeros solo podrán percibir gastos de locomoción.
El nuevo CES tendrá un secretario, que será un funcionario del Gobierno al que "probablemente" se le asignará una dedicación parcial, y otros puestos para tareas administrativas. Según los cálculos del Ejecutivo, ello conllevará un gasto de 60.000-70.000 euros, al que habrá que sumar "pequeñas dietas".
El consejero ha cifrado en 75.000-80.000 euros la base mínima para que funcione el Consejo, al que además se le podrá encargar que realice estudios, pero tendrá que aprobarlo el Parlamento.
La composición del Pleno pasa de 25 a 29 miembros, se potencian las comisiones de trabajo y se crea un cuarto grupo que se une a los que ya tenía el anterior CES -los de los miembros designados por el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas-.
De esta forma, el Gobierno elegirá a seis personas expertas en materias propias del Consejo, de los que al menos uno representará a la Universidad de Cantabria; CCOO y UGT a otros seis; y las organizaciones empresariales más representativas también a seis.
El cuarto grupo tendrá diez miembros nombrados por el Parlamento y representativos de la economía social (asociaciones cooperativas, sociedades laborales o entidades asimilables); organizaciones de consumidores y usuarios; colegios profesionales; organizaciones representativas de intereses públicos (culturales, sociales, deportivos, etc); organizaciones del sector de la discapacidad; representantes de la Administración Local; organizaciones del sector primario; y sindicatos de al menos una representatividad del cinco por ciento.
