Podemos Cantabria ha impulsado una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados, a través de su secretaria general Ione Belarra, para corregir los efectos de la congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que permanece fijado en 600 euros desde 2023.
Dado que el IPREM actúa como referencia en todos los niveles de la administración, Podemos Cantabria ha anunciado que impulsará iniciativas en distintas instituciones para adaptar los criterios de acceso a la realidad social y económica actual.
La propuesta pone el foco en la medida inmediata de modificar los porcentajes y baremos de acceso vinculados al IPREM, con el objetivo de adaptarlos a la realidad económica actual "y evitar que continúe la exclusión de amplias capas de la población del acceso a derechos básicos", ha explicado la formación en un comunicado.
En este sentido, ha denunciado que la congelación del IPREM está generando un "efecto silencioso pero generalizado", al dejar fuera a rentas medias y trabajadoras de ámbitos como becas, vivienda protegida, ayudas al alquiler o justicia gratuita, debido a unos umbrales "que no reflejan el incremento del coste de la vida". Como ejemplo, señala que una persona con ingresos de en torno a 1.200 euros mensuales puede quedar fuera del acceso a la justicia gratuita pese a encontrarse en una situación económica "ajustada".
Podemos ha recordado que el IPREM es el índice que determina el acceso a numerosas prestaciones públicas y ha lamentado que su evolución ha sido "muy inferior al coste de la vida". Desde 2017 ha aumentado apenas un 11,55%, frente a un incremento del IPC cercano al 28,7% en el mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ante esta situación, la formación plantea ajustar los porcentajes de aplicación del IPREM para que reflejen un valor equivalente no inferior a 700 euros mensuales, sin necesidad de esperar a la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Para el consejero ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, "un IPREM desactualizado aleja a las familias trabajadoras del acceso a becas de estudio, al transporte y a otros derechos básicos. "No nos vale la excusa de que su actualización dependa de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado cuando se puede articular una solución temporal mediante un real decreto".
En este sentido, ha abundado que "tampoco es aceptable que el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos miren únicamente al Ejecutivo central cuando todas las administraciones disponen de herramientas para actualizar de facto este indicador y evitar que siga actuando como un elemento de exclusión".
Con esta iniciativa, la formación se hace eco de las demandas del colectivo cántabro Derecho Subjetivo, que viene denunciando que los actuales criterios de acceso impiden que el derecho a la vivienda protegida sea realmente efectivo.
