Izquierda Unida de Santander ha criticado este lunes la "falta de ambición" del Gobierno el decreto de viviendas de uso turístico (VUT) así como la "descoordinación generada en los municipios" por la normativa.
El pasado viernes, el Gobierno de Cantabria anunció será "garantista" para que los propietarios de viviendas turísticas en la comunidad autónoma pueden concluir su adaptación a la nueva normativa, de modo que no cancelará la inscripción en el registro a los que hayan solicitado en plazo diferentes informes y estén a la espera o hayan sido recurridos.
Según IU, la situación que se ha generado "confirma punto por punto" las advertencias que realizó en julio de 2024, cuando se presentó el borrador de la norma.
El coordinador municipal y concejal en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha señalado que el Gobierno autonómico "ha cosechado exactamente lo que sembró al renunciar a actuar con valentía y limitarse a pasar la responsabilidad a los ayuntamientos".
"Han puesto un parche", ha afirmado Martínez, en referencia a los cambios introducidos "in extremis" tras el rechazo de numerosos municipios. "Lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de un decreto sin ambición, sin marco común y sin voluntad real de enfrentar a fondo el problema".
Desde IU han recordado que ya en 2024 alertó de que la falta de "una normativa clara provocaría desigualdad, inseguridad jurídica y una carga desproporcionada para los ayuntamientos, que se han visto obligados a improvisar".
"Se ha generado exactamente lo que anunciamos, con cada municipio interpretando el texto ambiguo del decreto o, como en Santander, aplicando los parámetros de su planeamiento urbanístico", ha subrayado Martínez.
"CONTRADICCIÓN EVIDENTE Y FALTA DE RUMBO"
Asimismo, ha criticado la "contradicción evidente" del Ejecutivo autonómico. "Si se supone que la regulación depende de los ayuntamientos, ¿por qué se plantea ahora flexibilizar el modelo de cara al verano pese al rechazo expresado por varios municipios? Es un ejemplo más de la falta de rumbo", ha considerado.
Desde la formación han insistido en que el problema de fondo "sigue intacto, al favorecer la entrada de grandes operadores en el mercado de los alquileres vacacionales".
"Ya advertimos de que abrir la puerta a personas jurídicas desplaza a pequeños propietarios, fomenta dinámicas especulativas y convierte la vivienda en un activo de negocio a gran escala, lo que afecta directamente al derecho de los ciudadanos a la vivienda, cuyo acceso está cada vez más tensionado", ha advertido Martínez.
Para el edil, la raíz del problema es política. "Creo que responde a procesos dilatorios por parte del Gobierno del Partido Popular, porque nunca han creído que haya un problema con las VUT. No buscaban solucionar un problema, sino contentar a la patronal del sector hotelero", ha sostenido.
En el ámbito local, Izquierda Unida ha recordado que fue la primera formación en advertir de la necesidad de regular este fenómeno en Santander, donde "durante años se han permitido viviendas turísticas que incumplían requisitos básicos de la normativa municipal".
"Hasta que el Gobierno no les ha pasado la pelota no han empezado a moverse y, aun así, su actuación ha sido claramente insuficiente", ha opinado.
Frente a esta situación generalizada, la formación ha destacado que las únicas medidas efectivas para empezar a ordenar el sector están llegando desde el Ministerio de Consumo, como demuestra la reciente sanción millonaria a Airbnb por prácticas irregulares, al anunciar viviendas sin licencia.
Finalmente, la formación ha advertido de que cualquier intento de regulación será estéril sin medios reales para aplicarla. "Sin un cuerpo de inspectores suficiente, con capacidad y recursos, no se podrá hacer cumplir ni la más ambiciosa de las normativas", ha concluido Martínez.
