El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un conjunto de medidas en los ámbitos sanitario y social, entre las que destacan el mantenimiento del Programa Especial de Trasplantes del Servicio Cántabro de Salud, la tramitación de diversos acuerdos marco para el suministro de medicamentos a los hospitales o la autorización de subvenciones que suman más de 1,1 millones de euros a entidades del tercer sector para la atención a personas en situación de carencia material severa y vulnerabilidad.
En concreto, 520.000 euros son para programas de integración social de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, mediante programas que permitirán mantener dispositivos de acogida, orientación, asesoramiento jurídico, intervención social y cobertura de necesidades básicas. Para ello, los fondos se distribuyen entre Cruz Roja Española (170.000 euros), Asociación Cantabria Acoge (150.000 euros) y Cocina Económica - Hijas de la Caridad (200.000 euros).
Otros 517.000 euros son para atender al incremento de hogares que no pueden afrontar gastos esenciales, en un contexto en el que cerca de 35.000 personas en Cantabria sufren privación material severa según el indicador.
Así, el decreto asegura la continuidad de actuaciones como el reparto de alimentos, cobertura de productos básicos de higiene, desarrollo comunitario y apoyo a familias con menores, especialmente aquellas que no pueden acceder al Programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica. Los fondos se distribuyen entre el Banco de Alimentos (15.000 euros), Cocina Económica (225.000 euros), Centro Social Bellavista (227.000 euros) y Cáritas Diocesana (50.000 euros).
En tercer lugar, se han concedido 130.000 euros para la ejecución del Plan de Desarrollo Gitano 2026, orientado a reforzar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la promoción comunitaria de la población gitana en Cantabria.
Las subvenciones se dirigen a iniciativas de sensibilización, apoyo familiar, promoción educativa y laboral y fomento del acceso a recursos sociales, y se reparten entre la Asociación ROMANES (65.000 euros), Fundación Secretariado Gitano (45.000 euros) y la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria (20.000 euros).
El Consejo de Gobierno ha celebrado su reunión semanal en el Ayuntamiento de Camargo, lo que, una vez finalizado el orden del día, ha permitido a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y a los consejeros, mantener un encuentro con el alcalde, Diego Movellán, para analizar las necesidades del municipio.
Como en las reuniones anteriores, el Consejo ha vuelto a autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico acciones contra el traslado a Cantabria de menores migrantes, en concreto siete destinados por la Delegación del Gobierno en Canarias en las fechas 10 de febrero, 11 de febrero, 2 de marzo, 25 de marzo y 26 de marzo.
Por otro lado, dentro del orden del día también se ha dado luz verde a la contratación del servicio de recogida y traslado de cadáveres al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que cubre la intervención en fallecimientos que requieran autopsia o actuaciones forenses en toda la geografía autonómica y contempla un máximo de 300 servicios anuales con un precio unitario fijado en 466,63 euros.
Su duración será de dos años prorrogables hasta un total de cuatro, con un presupuesto base de licitación de 279.981 euros para el periodo inicial.
El contrato detalla los requisitos profesionales, materiales y organizativos exigidos a la funeraria adjudicataria, incluyendo vehículos, personal y disponibilidad permanente, además del cumplimiento estricto de la normativa sanitaria, mortuoria y de protección de datos. También incorpora mecanismos avanzados de control como la elaboración de informes mensuales y un sistema de penalidades.
Con ello, el Gobierno de Cantabria pretende reforzar la seguridad jurídica, la dignidad en el tratamiento de los fallecidos y la eficacia de las actuaciones forenses.
CONTINUIDAD PROGRAMA DE TRANSPLANTES
Varios de los acuerdos del Consejo de hoy son en materia sanitaria, entre los que destaca que el Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con el mantenimiento y estabilidad del Programa Especial de Trasplantes del Servicio Cántabro de Salud, una iniciativa estratégica iniciada en 2020 y dirigida a asegurar la continuidad de la actividad trasplantadora en la comunidad. El programa, de carácter anual, garantiza la disponibilidad de recursos humanos y económicos para sostener una atención altamente especializada y esencial dentro del sistema sanitario.
Este mantenimiento asegura la planificación asistencial y la estabilidad operativa en los centros hospitalarios de referencia, particularmente en el Hospital Valdecilla.
Asimismo, se han tramitado los acuerdos marco para el suministro del medicamento Emicizumab, para episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia (con un valor estimado de 1,75 millones para un año); y para el suministro de medicamentos sin competencia destinados a los hospitales. Éste, dividido en nueve lotes, incluye tratamientos para patologías como VIH-1, esquizofrenia, cáncer de próstata, hipertensión arterial pulmonar, depresión resistente y psoriasis, y tiene un valor estimado global que supera los 50 millones, con una vigencia de 24 meses.
Entre otros asuntos, el Consejo ha autorizado un convenio con el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo para impulsar la tramitación del expediente de expropiación forzosa necesario para ejecutar el proyecto de red de saneamiento y conexión de Villasevil al interceptor general de la Cuenca Alta del Pas, una actuación que permitirá eliminar los vertidos directos al río.
Y en materia de fondos europeos, se ha encargado a la empresa pública TRAGSATEC prestar apoyo a la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en Cantabria, dada la urgencia de reforzar las capacidades administrativas de la Dirección General de Fondos Europeos ante la proximidad de los plazos finales de ejecución del PRTR, cuyo cierre está fijado para el 31 de diciembre de 2026.
El encargo permitirá disponer de un equipo especializado para asistir a las distintas consejerías en la gestión de proyectos financiados con fondos europeos, con un presupuesto que asciende a 76.139 euros para nueve meses.
También se ha autorizado la licitación del servicio de limpieza y jardinería de las sedes judiciales y otros inmuebles adscritos a la Administración de Justicia para el periodo 2027-2029. El contrato incluye el mantenimiento de más de 36.900 metros cuadrados y tiene un presupuesto base de licitación de 1.517.340 euros para los dos años iniciales.
