jueves. 11.08.2022

El Defensor del Pueblo ha realizado recomendaciones a Cantabria para que no imponga a los mayores y sus familiares un régimen más restrictivo de sus derechos que al resto de ciudadanos en el marco de la pandemia de Covid, y sobre la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio de comedor escolar.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe Anual 2021, que recoge las principales líneas de actuación de la institución el pasado año.

En 2021, desde el Defensor del Pueblo se tramitaron 29.401 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, se formularon 2.231 resoluciones a las administraciones. De ellas, se aceptaron 513, se rechazaron 185, siguen sin respuesta 784. El resto se encuentran en estudio o pendientes de recibir más información.

En Cantabria, el Defensor realizó, el 6 de julio, dos recomendaciones similares a las consejerías de Sanidad y de Empleo y Políticas Sociales para que, en el contexto de pandemia, no se imponga a los mayores y sus familiares un régimen más restrictivo de sus derechos a la libertad de movimientos y circulación, reunión e intimidad, que el que se impone a otros ciudadanos en el mismo territorio.

La excepción serían razones de salud pública suficientes que así lo justifiquen, respondiendo siempre a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Igualmente recomienda revisar "con la frecuencia necesaria" las normas restrictivas de las visitas y salidas de los usuarios de centros residenciales de mayores para lograr un mayor contacto con sus familiares y allegados, teniendo en consideración la situación de personas ya vacunadas o que acrediten un menor riesgo, y otras pautas que se desprendan de los avances en el conocimiento científico sobre la enfermedad.

Por otra parte, el Defensor recomienda a la Consejería de Educación y Formación Profesional valorar la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio de comedor escolar al conjunto de alumnos que, no disponiendo de enseñanzas obligatorias en su localidad, optan por ser escolarizados en centros docentes distintos a los asignados por la Administración educativa en el ejercicio de su derecho a la libre elección de centro.

Otra recomendación se dirige al Ayuntamiento de Piélagos, de modificar la Ordenanza de la tasa por Prestación del Suministro de Agua Potable y Conexión a la Red Municipal para que puedan tener acceso a los beneficios fiscales los sujetos pasivos de la tasa, con independencia de que ostenten la condición de contribuyentes o la de sustitutos del contribuyente.

SUGERENCIAS

En cuanto a las sugerencias, una también se dirige al Ayuntamiento de Piélagos, al que anima a realizar una visita de inspección para comprobar si se están ejecutando obras de construcción en un escollera provisional no amparadas en la licencia concedida.

El 23 de septiembre, el Defensor sugirió al Ayuntamiento de Camargo que, como titular del servicio de alcantarillado, tomara medidas para conocer las razones por las que cada vez que hay episodios de lluvias se producen vertidos de aguas en la propiedad de la persona que recurrió a la institución, y que emprenda acciones para evitar dichas molestias.

Las otras dos sugerencias son al rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, sobre la resolución de un recurso de alzada; y al Ayuntamiento de Castro Urdiales, de carácter administrativo.

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

En el ámbito de recordatorio de deberes legales, dirige uno en mayo a la Presidencia de la Comunidad de resolver en tiempo y forma los recursos que le hayan sido planteados, en este caso relativo a la Consejería de Educación.

También a ésta última le recuerda en marzo la obligación de cumplir con el deber legal de dictar resolución expresa en los procedimientos administrativos iniciados de oficio o a instancia de los interesados en el plazo máximo establecido.

En diciembre, el Defensor recordó a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales la obligación de acreditar de forma motivada las necesidades del servicio de Recursos Humanos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) en las que se basen las decisiones adoptadas de acuerdo con los principios de seguridad jurídica y transparencia.

En la información remitida se expresa que la restricción de no admitir solicitudes de anulación/modificación de permisos de libre disposición, que se extendió del 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de ese año, se fundamentó en la necesidad de evitar que el servicio de Recursos Humanos del ICASS asumiera ningún incremento en su carga de trabajo derivado de actividades no esenciales y/o prioritarias para la consecución de los objetivos inherentes al servicio.

Al Ayuntamiento de Villaescusa, sobre una solicitud de licencia, el Defensor le recuerda la necesidad de acomodar la actuación administrativa a los principios de eficacia, economía y celeridad establecidos por la Ley de Procedimiento; y de dictar y notificar en tiempo y forma resolución expresa y motivada en todos los procedimientos.

Otro recordatorio es al rector de la UC, de su deber de adoptar medidas para que se cumplan preceptos legales y reglamentarios; y al Ayuntamiento de Comillas sobre una aclaración.

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