Álvarez (Santander) confía en acuerdos para unos nuevos Pactos de la Moncloa

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez  durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2019, en la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte/Madrid (España), a 29 de enero de 2020.

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, confía en que las distintas formaciones políticas consigan llegar a un acuerdo relativo a unos nuevos Pactos de la Moncloa para superar la crisis del coronavirus lo antes posible, al tiempo que ha insistido en la importancia de proteger a las empresas para garantizar el empleo y el crecimiento económico.

Así lo ha señalado durante la presentación de resultados del primer trimestre del año, en el que Santander ganó un 82% menos debido a que provisionó 1.600 millones de euros por el deterioro previsto en las condiciones macroeconómicas derivadas de la crisis sanitaria.

"Me gustaría pensar que es posible. Me gustaría que hubiera algún tipo de acuerdo en la sociedad", ha indicado el directivo tras ser preguntado por unos nuevos Pactos de la Moncloa acordados entre las distintas formaciones políticas. Álvarez también ha aclarado que no tiene noticias de que el Santander esté invitado a participar en una comisión para la reconstrucción.

El consejero delegado ha aprovechado a continuación para recordar que la actual crisis va a afectar de forma muy clara a las rentas de las familias, pero también a la capacidad de supervivencia de las empresas. "Hay que proteger las rentas de las familias, pero a partir de ahí tenemos que ayudar a empresas y empresarios, porque eso es lo que nos dará crecimiento del empleo y crecimiento económico y nos ayudará a superar esta difícil crisis", ha señalado.

Álvarez no ha entrado a valorar la suficiencia de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, sino que se ha limitado a apuntar que la prioridad es salir de forma segura de la crisis desde el punto de vista sanitario y, "una vez que sea seguro, cuanto antes, mejor".

Tampoco ha querido opinar si las líneas de crédito con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo importe asciende a 100.000 millones de euros, son suficientes, aunque sí ha comunicado que Banco Santander ya ha consumido lo que se el asignó en las dos líneas de 20.000 millones de euros que han sido liberadas hasta el momento y tiene demanda pendiente, lo que explica por su alta cuota de mercado en el segmento de pequeñas y medianas empresas.

"Nosotros hemos consumido lo asignado, tenemos demanda de este tipo de financiación y veremos, una vez que se libere el límite máximo que se aprobó, si es suficiente o no es suficiente, en este momento no lo sé. Lo importante es que se vaya liberando", ha explicado el consejero delegado del Santander, quien espera que el crédito por parte de las empresas crezca de forma significativa en el segundo trimestre, debido a la demanda pendiente que tiene el banco.

Entre mitad de marzo y hasta el pasado 22 de abril, la entidad había distribuido 9.600 millones de euros de las líneas ICO, de los que 2.600 millones correspondió a grandes empresas y 7.000 millones a pymes y autónomos.

En cuanto a otras medidas, Santander ha recibido en España 45.000 solicitudes de clientes para acogerse a la moratoria hipotecaria, el 8% de su cartera de préstamos para vivienda, y 46.000 peticiones de moratoria de consumo, el 9% de la cartera.

NO HABRÁ NUEVOS CIERRES DE OFICINAS POR EL COVID

En otro orden de cosas, el consejero delegado de Santander ha descartado que los planes en España hayan variado en cuanto a cierres de oficinas por el efecto del Covid-19, como tampoco se han visto afectados los planes de digitalización del banco.

Aunque ha reconocido que en las últimas semanas el banco ha aprendido "bastante" sobre el teletrabajo, no ha cambiado su visión anterior de que la combinación de oficinas y lo digital "seguirá siendo la apuesta ganadora".

En cuanto al plan de desescalada para los trabajadores del banco, el directivo ha señalado que la vuelta será "ordenada" y serán las autoridades sanitarias las que tengan la última palabra sobre cómo proceder, también en el caso concreto de la realización de test diagnósticos a empleados, que se llevarían a cabo si así lo autoriza el Gobierno.

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