El acusado de desplazar toda la actividad de una asesoría jurídica y una correduría de seguros de Torrelavega -empresas familiares que administraba y de las que era titular junto a su madre y su hermana- a otras mercantiles de su propiedad ha negado que tuviera la percepción de estar haciendo algo "ilegal" y ha esgrimido al respecto que cuando fue cesado de las primeras y su hermana se quedó al frente de las mismas ella tuvo unos "meses", mientras él puso en marcha los nuevos negocios, para "retener" a los clientes, que "igual que van, vienen".
Y además de alegar en el juicio que se celebra esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria que la denunciante no los retuvo cuando se produjeron los cambios en las sociedades antiguas, ha señalado que "la inmensa mayoría" de la clientela eran "conocidos y amigos" suyos y por eso tenían sus respectivos teléfonos personales, sentenciado así y en todo caso que "nunca" rompió la confidencialidad con las entidades familiares.
"Los conozco a todos", ha afirmado sobre los clientes el procesado durante el interrogatorio, en el que ha respondido a preguntas de todas las partes y en el que ha destacado que no tuvo necesidad de "convencerlos" para que se fueran con él, pues ellos le llamaron para irse tras remitirles un escrito para comunicarles que había sido cesado y despedirse, y a raíz también de una "campaña de publicidad" que según ha dicho hizo en medios. Con todo esto, hubo "un trasiego de gente", pero "no presioné a ninguno", se ha defendido.
Aún así, ha admitido que para arrancar el negocio necesitaba "captar clientes" y buscarse "la vida", de modo que sí contactó con algunos que tiene en su agenda, fue a ver a otros, se los encontró por la calle o les localizó a través de Internet. Pero ha rechazado que usara datos de las entidades familiares en beneficio de las suyas, para el trasvase de clientes que le imputa el fiscal, que le pide nueve años de cárcel.
Esta parte sostiene que este hombre se apoderó de datos reservados y secretos de las mercantiles que inicialmente administraba y la captación de datos -junto a un cuñado suyo, igualmente procesado y para el que reclama dos años y medio de prisión como cooperador necesario- que luego cedieron a las empresas que crearon para el desarrollo de ambas y "en grave detrimento económico" de las titulares de la información reservada.
La querellante pide once años y un mes de cárcel a su hermano, tres años al cuñado, y entre cuatro y cinco meses a seis empleadas de las empresas originarias que se fueron a trabajar a las nuevas, que también han declarado este jueves y a las que no acusa en cambio la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa para ellas.
En cuanto al principal implicado, el representante del ministerio público también le achaca que extrajera 63.000 euros del patrimonio social de las empresas afectadas, asunto sobre el que quien fuera administrador de las mismas ha reconocido que hizo tres transferencias (dos de 22.500 y una de 18.000) a una cuenta suya particular para alcanzar el montante necesario para comprar a su hermana las participaciones y quedarse con la empresa, ya que llevaban arrastrando un conflicto entre ellos y problemas desde 2019.
Sin embargo, tras el proceso negociador en 2020 --en el que tuvo la "certeza" de que se iba a firmar el acuerdo y año en el que como ha admitido constituyó una nueva sociedad y así se lo comunicó a su hermana--, en enero de 2021 terminó siendo cesado de las empresas familiares y ella fue nombrada administradora.
A raíz de esto, en un momento en el que según ha dicho carecía de ingresos y no se encontraba "bien anímicamente" sino que precisaba tratamiento y medicación, aprovechó la ayuda que le ofreció su cuñado. Tal y como ha indicado, este pariente le prestó "dinero" y figuró como administrador de una de las empresas constituidas hasta que él se puso al frente "dos meses" después, y sobre la que ha rechazado que se creara por si no salía "bien" la compra de acciones a su hermana.
A preguntas del fiscal -que aprecia delitos de revelación de secretos de empresa, apropiación indebida continuada y administración desleal- y también del presidente del tribunal, ha reconocido que su cuñado no aportaba "nada" en la nueva mercantil, sino que "solo ponía la firma", pero ha rehusado contestar si era "una persona de paja" o "testaferro". Lo que sí ha negado es que este familiar tuviera "nada que ver" con el posterior trasvase de clientes denunciado.
Al hilo de lo anterior, y a propósito de una copia "extraordinaria" de información y datos de las sociedades familiares que consta en la causa, ha indicado que fue algo "excepcional" y que lo ordenó él, tras trasladarle una de las empleadas problemas y fallos con las anteriores, a quien a su vez le había recomendado la medida un informático. Ha aseverado en cualquier caso que "nunca" tuvo en sus manos esa copia, que estaba en la caja fuerte de su despacho cuando fue cesado y le quitaron "todo" (llaves, claves, etc).
Ya una vez al mando de las nuevas empresas y con parte del equipo que trabajaba en las antiguas, el enjuiciado ha negado el envío "masivo" de emails a clientes para que se cambiasen a la nueva asesoría y correduría de seguros, y ha puntualizado que los correos que mandaron sus empleadas fue por orden de él, a contactos que tenía o ha buscado. Ha agregado que las personas que se mudaban traían la documentación requerida y necesaria para poder llevarles sus asuntos.
Acerca de las sociedades perjudicadas, ha señalado que su hermana aportaba "el título" ya que se ha dedicado a la política (ha sido concejala en Torrelavega, primero por el PRC y luego por el PP) y que "cuando le cuadraba" ir a Santander, llevaba papeles a Tráfico y Transportes, mientras él se encargaba de la relación comercial y los clientes.
CUÑADO Y EMPLEADAS
El cuñado procesado, que solo ha respondido a su abogado, ha dicho que fue administrador de una de las nuevas sociedades cuando el principal acusado y accionista de la misma estaba "en un momento muy frágil de su vida", "hundido y medicado", pero no intervenía en los negocios o decisiones.
Las seis empleadas, que han contestado a todas las acusaciones y defensas, han explicado que fueron despedidas de las empresas originarias o se marcharon de las mismas, algunas después de "muchísimos años" de relación contractual, pues según han coincidido a raíz de los cambios el ambiente "se enrareció" y también porque modificaron sus condiciones laborales y hubo "malestar", pese a la promesa de que todo iba a seguir "igual" y a la petición de que continuaran desempeñando su labor como hasta entonces.
Han detallado al respecto que la nueva administradora les quitó las llaves de la oficina, de coches de trabajo, los accesos a la alarma, claves (hasta la fecha habían compartido ordenadores y contraseñas) o les modificó horarios, a una hasta "cuatro veces en un mes. Era de locos", ha lamentado, para quejarse de que no podía conciliar la vida familiar y laboral a otras.
Así, se fueron a trabajar con el principal acusado sin que -han dicho- enviaran "correos masivos" o telefonearan a clientes para que se cambiaran a las mercantiles creadas, y mientras alguna ha admitido que tenía contactos personales, que se los sabía "de memoria" o los buscaba en Internet, otra ha matizado que si hubo alguna llamada fue por orden de su jefe: "Me ofreció trabajo, me fui con él y hacía lo que me pedía".
Estas trabajadoras también han negado que se llevaran "ninguna" información de las sociedades en cuestión, solo documentos personales, como "unas pegatinas de mi hijo", ha ilustrado una. Tampoco se fueron con copias de seguridad de datos ni "suplantaron" la identidad de nadie, mientras que los clientes que iban llegando a las mercantiles nuevas aportaban la documentación requerida.
