La Asociación de Peñas Racinguistas (APR) ha decidido suspender cualquier tipo de organización de viaje, en calidad de asociación, para el último desplazamiento de la temporada, al estadio Carlos Tartiere de Oviedo, ante "la creciente tendencia autoritaria que estamos presenciando en el fútbol español".
Así lo ha informado este lunes la APR en un comunicado, en el que explica que "como asociación, estamos cansados del trato que recibe la afición racinguista en los diferentes estadios y que se suele generalizar en cada desplazamiento que se realiza".
De este modo, para el último desplazamiento de la temporada a Oviedo, y considerando que el Racing ya no se juega nada al haber conseguido matemáticamente la permanencia, la APR "no organizará ningún viaje ni proporcionará ningún listado de miembros de peñas que vayan a Oviedo ya que, al no organizar desplazamiento, no está obligada a ello".
Por el mismo motivo, tampoco proporcionará ningún listado de banderas y pancartas que se quieran llevar al Carlos Tartiere.
En su comunicado, la asociación cuestiona la defensa de los derechos fundamentales en este país. "¿Alguien se imagina que, para que un ciudadano pueda realizar un viaje, debe estar registrado en un listado que es controlado por la policía? ¿Alguien se puede imaginar que una organización debe comunicar los datos personales de sus miembros a la policía?".
"¿Alguien se imagina que, mientras los residentes de la UE pueden viajar a través de las fronteras interiores de los países miembros del Espacio Schengen sin pasar por controles, en un Estado de la UE pueden detenerte durante un viaje y realizar un control de identidad por la simple razón de viajar a un partido de fútbol?", se pregunta.
"¿Alguien puede pensar que se envían informes desde despachos desconocidos que señalan a un grupo de ciudadanos de un país de la UE, asociados o no a una organización, que no están prohibidos ni suspendidos, y sin que un juez lo haya decretado ni lo haya considerado como "peligroso" tras un juicio válido? Ningún juez reconocería como válido un simple "juicio de valor" realizado por esas personas que elaboran esos informes, ya que no es su función", subraya.
"Pues bien, esto ocurre en España y está respaldado, al menos parcialmente, por sus leyes", afirma la asociación, que ha asegura que "siempre colaboraremos para que se cumplan las normativas, incluso señalando su injusticia y el hecho de que esto deja al país en una posición desfavorable, muy lejos de ser una "reserva espiritual" de los "valores europeos" de los que se dice que España es parte".
