Unidos x Laredo (UxL) ha advertido que el Ayuntamiento no es quien debe asumir el coste del acuerdo alcanzado entre las partes implicadas en el caso del edificio Tenis para dar cumplimiento a la sentencia que pesa sobre el desde hace tres décadas, y que conlleva el pago de unos 5 millones de euros en la compra de una finca, la ejecución de las obras y las indemnizaciones a los propietarios.
Además, el partido ha acusado al alcalde, Miguel González (PP), de asumir el acuerdo "sin el debido contraste ni respaldo previo de la Corporación".
En concreto, UxL ha aludido en un comunicado a una sentencia del Tribunal Supremo que en 2002 "eximió de responsabilidad" al Ayuntamiento, por lo que ha alertado que éste se encamina hacia una decisión de "enorme gravedad jurídica, económica y política".
De este modo, ha acusado al alcalde de pretender "cargar a los vecinos más de 5 millones de euros" a través de una propuesta de acuerdo plenario para ejecutar el reciente auto judicial dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tras el acuerdo alcanzado por las partes implicadas.
En concreto, la formación ha indicado que se pretende aprobar un gasto de 5.150.000 euros para la obra, adquisición de parcela e indemnizaciones. "Una cifra desproporcionada que, de materializarse, recaerá directamente sobre todos los vecinos de Laredo", ha denunciado.
En este sentido, ha advertido que materializar este acuerdo supone "tres cosas gravísimas": la introducción de una operación urbanística "completamente nueva" (adquisición de parcela y modificación del planeamiento); la asunción del coste íntegro de la ejecución; y la incorporación de indemnizaciones adicionales "no derivadas directamente del fallo judicial".
"No se trata de ejecutar la sentencia, sino de asumir voluntariamente un marco de obligaciones ajeno a su contenido", ha insistido.
Finalmente, UxL ha recalcado que asumir con fondos públicos el coste derivado de un exceso edificatorio que "los propios tribunales ya determinaron que no es imputable al Ayuntamiento" abre un precedente "muy peligroso: que los errores urbanísticos de carácter privado terminen pagándose con dinero público, pese a existir una sentencia firme que exonera al Consistorio de esa obligación".
"Lo que está en juego no es solo el caso Tenis: es el respeto al Estado de Derecho", ha aseverado la formación, que ha sostenido que cuando una administración "decide pagar lo que no debe pagar, no está cumpliendo la ley, la está desbordando". "Cuando eso ocurre, la factura no es solo económica; es institucional y la acaban pagando, siempre, los ciudadanos", ha concluido.
