El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del PRC por el convenio de Eroski en Castro y da la razón al Ayuntamiento

El Tribunal de Cuentas ha decretado el archivo de las diligencias preliminares abiertas a raíz de la denuncia de un concejal del PRC de Castro Urdiales tras el acuerdo del Pleno, en diciembre del año pasado, para cumplir el convenio con Eroski, al considerar que no constituye un supuesto de "responsabilidad contable por alcance", como entendía también la Fiscalía, que interesó el sobreseimiento de la causa.

Así lo sostiene el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión pública en un auto, con el que da la razón al Ayuntamiento tras la denuncia del edil regionalista Jesús Gutiérrez días después de la sesión plenaria de 10 de diciembre de 2020, denuncia ratificada en febrero de este año.

Tanto el Consistorio como el Ministerio Fiscal solicitaron el archivo de las actuaciones iniciadas por el Tribunal de Cuentas, al entender que de los hechos denunciados y la documentación presentada no cabía "deducir la existencia de responsabilidades contables" ni se derivaba tampoco "daño a los fondos públicos municipales", perjuicio que sí alegaba el denunciante.

- Súmate: Si nos sigues en Telegram te llevamos a tu móvil la información más importante de cada día de forma sencilla y gratuita. Puedes hacerlo clicando aquí.

El órgano fiscalizador abrió diligencias preliminares tras el acuerdo plenario en el que se ordenaba remitir cautelarmente el expediente al tribunal, para en su caso "garantizar la indemnidad de las arcas públicas" y asegurar también "la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado".

Después, se incorporó a las actuaciones el escrito de Gutiérrez en el que advertía que el decreto del concejal de Urbanismo -actuando por delegación de la alcaldesa- de junio de 2020 que declaró el cumplimiento del convenio por la empresa a cambio de 84.000 euros, sin realizar obras inicialmente previstas, "causó un daño a los fondos públicos municipales" de 7,2 millones, según el regionalista.

El denunciante entendía que esa cifra era la diferencia entre la cantidad percibida por el Consistorio y la que debería haber recibido, si en vez de dictarse el citado decreto la administración local hubiese resuelto el convenio, por culpa de la empresa, exigiendo la devolución de las prestaciones realizadas o de su equivalente económico más los daños y perjuicios.