sábado. 03.12.2022

La Fiscalía ha retirado su acusación contra 39 de los 45 imputados en el macrojuicio por el desarrollo urbanístico de 'La Loma' de Castro Urdiales, que ha arrancado este jueves en la Audiencia, y ha mantenido parcialmente los cargos contra los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza; el exarquitecto municipal, Pedro Restegui; la técnico de Urbanismo, Yolanda Sánchez; y el director de obra Valentín Galdós, retirando también buena parte de la acusación contra los seis.

La mayoría de las acusaciones particulares --salvo la ejercida por la Junta Vecinal de Santullan-- se han adherido a la postura del Ministerio Fiscal y han anunciado su decisión de retirarse del procedimiento penal. Mientras que los abogados de las seis personas que continúan con cargos han pedido la suspensión del juicio para reformular las defensas.

A la vista de todo ello, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia provincial, Agustín Alonso, ha suspendido el juicio y ha emplazado a la fiscal, Pilar Santamaría, a presentar el nuevo escrito de acusación el lunes para proceder a su estudio y traslado a las partes ese mismo día; y ha citado a los 45 acusados el próximo jueves a las 10 horas para que ratifiquen en audiencia pública su conformidad o disconformidad.

El magistrado ha señalado que se trata de una modificación "muy seria" de los hechos a enjuiciar que va a suponer una reducción "muy considerable" del número de partes y de la propia magnitud del procedimiento, lo que obligará a reformular el calendario del juicio, cuya duración se había programado inicialmente para seis meses, hasta el 30 de marzo.

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCAL

La fiscal del caso, Pilar Santamaría, ha explicado que para tomar la decisión de "contraer" la acusación, ha tomado en consideración, por un lado, la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del procedimiento penal dado que "su principal interés es la no demolición de sus viviendas".

Y por otro lado, los certificados del secretario del Ayuntamiento que reflejan que los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) 2, 3, 4 y 7 no han sido desarrollados, por lo que no se ha producido "menoscabo alguno".

De esta forma, la fiscal ha sacado de la causa todos los sectores en los que el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, vio indicios de delito en la tramitación de los instrumentos urbanísticos, salvo el el 12 y en este caso, limitando la acusación exclusivamente al informe vinculante de Carreteras.

Se reduce así a la mínima expresión el escrito inicial de acusación que presentó en el año 2012 la fiscal María Jesús Cañadas, en el que solicitaba cerca de 200 años de cárcel para 46 acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.

COHECHO

Ahora, la fiscal mantiene únicamente la acusación contra Rufino Díaz Helguera, Pedro Restegui y Yolanda Sánchez por cohecho; contra César Sáiz por prevaricación y cohecho; contra Valentín Galdós Tobalina por falsedad y cohecho; y contra Muguruza por prevaricación en la aprobación del plan parcial del SUNP 12 contraviniendo el informe de Carreteras.

El escrito inicial de la Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel por un presunto delito de cohecho a Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Sáiz y Rufino Díaz Helguera por "recibir contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de resoluciones municipales contrarias a derecho".

Respecto al SUNP 12, la Fiscalía señalaba en su primer escrito que el plan parcial aprobado no se correspondía con el informado favorablemente por la Dirección General de Carreteras, de forma que no se respetó el vial autonómico proyectado en la zona y se construyeron viviendas en la zona de protección del mismo, clasificada como equipamiento.

Advertido de esta circunstancia por Carreteras, el Ayuntamiento paralizó las obras de edificación de viviendas promovidas por la entidad Vallehermoso División Promoción SAU, que hizo caso omiso y continuó la construcción en la zona de servidumbre del futuro vial.

El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, e inhabilitación para cargo público de diez años, con multas de 1,8 millones de euros en el caso de Restegui, 1,08 millones César Saiz, 442.336 euros Yolanda Sánchez y 149.082 euros Díaz Helguera.

En el caso de la prevaricación, las penas solicitadas inicialmente por la Fiscalía eran de dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación; y por falsedad documental, hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años.

La fiscal de 'La Loma' retira la acusación a 39 de los 45 acusados y reduce la de los...
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