El exalcalde de Castro Urdiales Rufino Díaz tendrá que comparecer en el juicio del 'caso de los sobresueldos' del Ayuntamiento, que comenzó el pasado 14 de noviembre y en el que hay 12 acusados, cuyas declaraciones están previstas a partir del 5 de diciembre, después de que el juez no le haya eximido, como demandaba el exregidor.
La defensa de Díaz solicitó archivar la causa para el exalcalde, que fue citado por el médico forense el pasado miércoles 20 para valorar si padecía deterioro cognitivo.
Sin embargo, en la sesión del juicio de este miércoles 27, que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Cantabria y se remonta a hechos que ocurrieron entre 1991 y 2011, el juez ha decidido no eximir al exalcalde.
De esta forma, en total son 12 los acusados, tras la absolución del entonces secretario municipal, César Saiz Alonso, por prescripción del delito; y el archivo de la causa del funcionario Pedro Luis Arroyuelos por deterioro cognitivo, que tendrán que comparecer a partir del próximo 5 de diciembre.
Los 12 imputados en este proceso se enfrentan a delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Están previstas 16 sesiones para aclarar las supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como el pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.
Los ocho concejales imputados se enfrentan a una pena de cinco años de prisión y 18 de inhabilitación por apoyar los presupuestos en 2008 y 2009 obviando los reparos del interventor municipal que advertían de distintos pagos ilegales, según la Fiscalía, que para los exalcaldes solicita nueve años de prisión y 27 de inhabilitación.
En concreto, están procesados en esta causa los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Elisa Dopico, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Agapito Pastor, Agustín Fernández e Iván González, que también fue alcalde pero posteriormente a los hechos, a partir de 2011.
Los otros dos procesados son los que fueron alcaldes de 1991 a 2011, Rufino Díaz y Fernando Muguruza; y el funcionario Gregorio Alcedo que presuntamente cobró un complemento personal transitorio.
Según el escrito de la Fiscalía, el que fuera alcalde de Castro Urdiales entre los años 1991 y 2003, Rufino Díaz Helguera, contrató "a su libre albedrío al personal del Ayuntamiento" y colocó "en puestos esenciales y especialmente sensibles en la administración local a personal designado por él, sin ningún tipo de concurrencia".
Posteriormente, su sucesor en el cargo, en 2003, Fernando Muguruza, "mantuvo las contrataciones ilegales previas y realizó otras sin proceso selectivo alguno", y "extendió la contratación totalmente arbitraria a la residencia municipal y al servicio de extinción de incendios".
En otras ocasiones, añade el fiscal, se colocó a funcionarios que no tenían la titulación adecuada en puestos de categoría superior.
En definitiva, señala que el Ayuntamiento de Castro Urdiales abonó de forma ilegal 120.000 euros en partidas con conceptos como bolsa de Navidad entre 2002 y 2009; otros 110.000 euros por el Coso Blanco entre 2000 y 2010; y 1,9 millones de euros en concepto de productividad tanto al personal funcionario como laboral entre 2000 y 2010.
Mientras, los concejales procesados votaron a favor de la aprobación de los presupuestos municipales de 2008 y 2009 pese a los reparos del interventor en torno a estas partidas.
