El centro penitenciario de El Dueso contará antes de que finalice el año con una oficina judicial de notificaciones que aliviará la carga de trabajo de los juzgados de Santoña y agilizará las actuaciones procesales.
Los ministros de Justicia, Pilar Llop, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han firmado este viernes en el penal de Santoña el convenio de colaboración para la constitución de esta oficina, que simplificará los trámites administrativos y evitará desplazamientos, dado que el servicio asumirá un importante número de comunicaciones -unas 3.000 anuales- llegadas de órganos judiciales de todo el país y relacionadas con procedimientos que afectan a los reclusos.
Cantabria se incorpora así a un modelo de colaboración interadministrativa y de oficinas delegadas de justicia -unas 20 en todo el país- que ya existe en las comunidades de Madrid, Aragón y Navarra, así como en otros territorios cuya Administración de Justicia es gestionada directamente por el Ministerio.
Esto supone abrir una línea de comunicación directa entre los juzgados y los centros penitenciarios, aunque, en el caso de Cantabria, se verá reforzado con el sistema de gestión procesal autonómico 'Vereda', que facilita la gestión electrónica de este tipo de procedimientos.
El acto de firma del convenio se ha realizado en las instalaciones del propio centro penitenciario, al que han asistido el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y el alcalde de Santoña, Sergio Abascal.
También han estado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández; el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; el director general de Justicia regional, Pablo Ortiz; el director general de Ejecución Penal, Miguel Ángel Vicente, y el director de El Dueso, Francisco Javier García, entre otras autoridades.
Para el ministro del Interior, quien ha recordado al comienzo de su intervención su etapa como juez en Santoña, la firma del convenio prueba que los dos ministerios y la administración autonómica que lo suscriben están "comprometidos con la mejora de la calidad del servicio" que la instituciones prestan al ciudadano, en este caso a los internos.
En la misma línea, la ministra de Justicia ha añadido que "estos avances ofrecen garantías procesales a los internos y a los operadores jurídicos, además de contribuir a una mejor protección de la víctima, reafirmando nuestro compromiso con la justicia social, más cercana, accesible e igualitaria".
Por su parte, el presidente regional ha declarado que la puesta en marcha de la oficina delegada de justicia es un "avance muy importante" para el servicio de la justicia en Cantabria, dado que supondrá, según Revilla, reducir la burocracia y descongestionar el trabajo de los juzgados.
"Los ciudadanos demandan entendimiento y coordinación entre administraciones, aunque haya a veces algunas discrepancias", ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, quien ha augurado que las relaciones entre los gobiernos de Cantabria y de España "seguirán por el buen camino" para mejorar servicios públicos.
Igualmente, Revilla ha hecho referencia a las inversiones que realizará el Ministerio de Interior en la rehabilitación del centro penitenciario, por valor de 12 millones de euros, una "buena noticia" que supondrá un "cambio de imagen" y dotar de mejor utilidad a las instalaciones.
CONVENIO
En virtud del convenio firmado este viernes, el Ministerio del Interior pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma de Cantabria, administración competente en materia de Justicia en su territorio, las dependencias adecuadas para la creación de esta delegación de oficina judicial en El Dueso.
Además, el departamento que dirige Grande-Marlaska asumirá los gastos de mobiliario y los ordinarios de energía eléctrica, climatización y servicios postales necesarios para el desarrollo de la actividad judicial con cargo a los presupuestos asignados para el funcionamiento del propio centro penitenciario, del que la delegación de oficina judicial pasa a ser es una dependencia más.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a aprobar la plantilla de personal que trabajará en esta delegación, cuyas nóminas serán abonadas por la consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, lo que supondrá anualmente unos 70.000 euros.
Otro de los objetivos de la colaboración entre los ministerios de Justicia e Interior, en el marco del proceso de modernización de la Justicia, es el despliegue de soluciones de videoconferencia para juicios telemáticos en Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, con el fin de agilizar la toma de declaraciones, reducir los traslados de internos y favorecer la labor de operadores jurídicos y cuerpos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
REFORMA INTEGRAL
Al concluir el acto de firma del convenio, Grande-Marlaska y Llop han recorrido las instalaciones del centro penitenciario acompañados por la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, para conocer el proyecto de reforma integral del recinto, presentado por la arquitecta directora de las obras, Ángela Guzmán.
La reforma integral proyectada pretende trasladar a Santoña el modelo de funcionamiento de los modernos centros penitenciarios tipo para que incorpore las ventajas que su diseño aporta tanto a las personas internas como a los funcionarios y los trabajadores.
El proyecto de reforma ha tenido en cuenta las especiales circunstancias del recinto penitenciario, situado dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña, un entorno natural protegido, circunstancia que ha limitado las posibilidades de acometer actuaciones para mejorar su sostenibilidad y eficiencia energética.
Por ese motivo, el proyecto pone especial énfasis en aquellos factores que suponen un ahorro de energía, uno de los principales puntos débiles de esta centenaria infraestructura. La obra cuenta con un presupuesto global de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
