Dos directivos de Vallehermoso, dos técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales, la exgerente de Urbanismo y la exconcejala Elisa Dopico se han acogido este martes a su derecho a no declarar en el juicio de La Loma, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia provincial.
El presidente de la sala, Agustín Alonso, ha recordado que aunque la Fiscalía retiró los cargos contra todos ellos el pasado mes de octubre, hasta que no se dicte sentencia mantendrán la condición "formal" de acusados, lo que les otorga "el derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismos, a no declararse culpables y a contestar las preguntas que quieran de las partes que quieran".
Los cinco han optado por no responder a ninguna de las partes, empezando por Pedro Palenzuela y Leónides Gutiérrez, directivos de Vallehermoso, la promotora que construyó los 46 chaléts en el sector SUNP 12 de Santullán cuya demolición solicitan la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Junta Vecinal por irregularidades en el desarrollo urbanístico de dicho sector.
Lo mismo han hecho la exgerente de Urbanismo de Castro Alicia García; el arquitecto municipal, Pablo Sopeña; el ingeniero municipal, Alvaro Pérez Saiz; y la exconcejala Elisa Dopico. Y el jueves pasado hizo lo propio el gerente de Dirsur, Javier Leonardo, la empresa que redactó el Plan General de Ordenación Urbana de Castro y el plan parcial del SUNP 12.
De este grupo de acusados "formales" aunque no materiales que han sido llamados a declarar por alguna de las partes, falta por oír a Marta González, Pedro Revuelta y Elisa Cantero, que están citados para el jueves, 19 de diciembre, en la que será la última sesión del año del juicio de La Loma.
Según se ha señalado en la sala, Elisa Cantero, está "en paradero desconocido" pese a que sí acudió a la primera sesión del juicio, y se va a intentar citarla a través de la Guardia Civil.
Tras el parón de Navidad, las sesiones se retomarán el 13 de enero con las declaraciones de los primeros testigos, entre ellos el alcalde pedáneo de Santullán y concejal del PRC en la actual Corporación castreña.
Su denuncia por la invasión de unos caminos de la Junta Vecinal en las obras del SUNP 12 en el año 2006 fue la que dio origen a la macrocausa de La Loma, instruida por el polémico juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del juzgado número 2 de Castro Urdiales.
Revuelta era en aquella época alcalde pedáneo por el PSOE y dirigió la denuncia contra el entonces alcalde Fernando Muguruza (PRC), que estaba aforado por ser diputado regional, y contra el concejal de Obras, Salvador Hierro (IU).
La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, llegó a la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel.
La decisión de la fiscal, Pilar Santamaría, de "contraer" la causa al SUNP 12 y retirar los cargos a 39 acusados -todos menos seis-, propició que se retiraran de la causa todas las acusaciones particulares salvo la Junta Vecinal de Santullán, y dejó el número final de acusados en 13, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, acusados de prevaricación y cohecho, respectivamente.
