El juicio por el caso del 'cráneo de Castro Urdiales' ha comenzado este viernes, 4 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Cantabria con la constitución del tribunal del jurado que enjuiciará los hechos, y que ha quedado conformado por un hombre y ocho mujeres más dos suplentes, que han sido elegidos en una sesión a puerta cerrada.
La vista oral continuará el lunes, día 7, y se prolongará hasta el 18 en la Sección Tercera de la AP, con la declaración de Carmen Merino, acusada de decapitar a su pareja, Jesús María Baranda, baquero bilbaíno jubilado de 67 años en el momento de su desaparición.
Su cabeza fue encontrada hace tres años dentro de una caja que la sospechosa había entregado meses antes a una amiga suya para que se la guardase, alegando que guardaba en ella juguetes eróticos que no quería que viera la Guardia Civil en los registros domiciliarios por la búsqueda de su compañero sentimental, y que esa mujer abrió ante el mal olor que desprendía.
Él desapareció en febrero de 2019, aunque sus familiares no interpusieron la correspondiente denuncia hasta abril, y su cuerpo aún no ha sido encontrado. El cráneo estaba en una caja de cartón, dentro a su vez de una bolsa de plástico y recubierta asimismo con una página de periódico con un pasatiempos -crucigrama- rellenado.
Y ella, natural de Sevilla, llevaba varios años conviviendo en la localidad cántabra con la víctim. Afronta el plenario "con la ansiedad propia de quien lleva tres años en prisión" provisional -está en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, desde el macabro hallazgo, en septiembre de 2019-.
Pero también, con el deseo de que el juicio empiece ya y termine "cuanto antes", con un veredicto "favorable", pues siempre se ha declarado inocente. Así lo manifestó la única vez que ha roto su silencio hasta ahora, para asegurar al juez instructor que no tenía "nada que ver" con la desaparición y muerte de su novio.
Al tiempo que negó su participación en los hechos, indicó que no tenía "ni idea" de qué había "podido ocurrir" al hombre, con el que llevaba siete años viviendo en un piso de la calle Padre Basabe de Castro Urdiales, y que ambos "se querían muchísimo".
Además, de acuerdo con la testifical de una mujer -hermana de la que abrió la caja con el cráneo- la procesada le había asegurado tras el descubrimiento que había podido "guardar" la cabeza de su pareja y el "secreto tan gordo" de lo ocurrido meses antes "gracias a las pastillas".
El hallazgo del cráneo desató todo tipo de conjeturas sobre lo sucedido y su identidad se determinó días después de su aparición por las pruebas forenses que se practicaron.
Durante las jornadas siguientes, la Guardia Civil de Cantabria, con apoyo de especialistas de Madrid y con ayuda de perros, inspeccionó el piso de la pareja, terrenos que tenía el fallecido en la zona, y hasta se desplazó al vertedero de Meruelo, el más grande de la región, para informarse sobre tratamiento de residuos.
Todavía quedan por despejar muchas dudas en torno a este suceso, como el motivo del crimen, dónde se produjo o dónde se encuentra el resto del cuerpo del fallecido. La sospechosa se enfrenta a 25 años de cárcel por asesinato que pide la Fiscalía y prisión permanente revisable que reclaman los familiares de la víctima.
URDIÓ EL PLAN DESDE FINALES DE 2018 POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Según el ministerio público, "a finales de 2018 y movida por un interés económico", la acusada "comenzó a urdir un plan para acabar con la vida de su pareja".
Meses después, a mediados de febrero, "le causó intencionadamente la muerte" en el interior del domicilio en el que residían, "solo ellos dos, facilitando así la producción del hecho, evitando la presencia de terceras personas y que el hombre pudiera ser auxiliado".
Añade el fiscal que la procesada suministró a la víctima diazepam, "dejándolo adormilado y eliminando totalmente sus posibilidades de defensa".
Por su parte, la acusación particular, que representa a los hijos del hombre fallecido, precisa que la mujer le dio "altas dosis de diazepam y otros fármacos, con la determinación de que perdiera la consciencia, eliminando sus facultades de defensa, con la intención de acabar con su vida".
"Merece especial mención el ensañamiento de la acusada con el cuerpo del hombre, así como los mecanismos utilizados (autosierra y otros artilugios)", apunta.
Para la acusación particular, la muerte "operó con motivo de un plan estudiado y urdido desde el mes de octubre de 2018" y los fines "fueron claramente crematísticos".
Por el contrario, la defensa resalta en su escrito que la pareja que ambos formaban "estaba absolutamente consolidada y con proyección de futuro".
Además, "compartían sus ingresos y hacían frente de forma conjunta a todos los gastos derivados de la convivencia, hasta el punto de que el hombre hizo testamento y la nombró heredera universal".
Concluye el escrito de la defensa que la acusada "no causó, ni directa ni indirectamente, la muerte de su pareja" y que después de la investigación judicial realizada "no se sabe en qué circunstancias murió, donde murió, ni cuándo murió".
DELITOS Y PENAS: DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE A LIBRE ABSOLUCIÓN
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen los hijos de la víctima, consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa) y con la circunstancia agravante de parentesco.
El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público.
Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos.
Por el contrario, la defensa sostiene que la acusada es inocente y reclama la libre absolución, sin que proceda indemnización alguna.
DESARROLLO DEL JUICIO
El juicio se desarrollará en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria durante diez jornadas más programadas a lo largo de dos semanas: desde el lunes 7 de noviembre, con las cuestiones previas y la declaración de la acusada, y hasta el viernes 18, con la deliberación y veredicto del jurado.
Las sesiones del martes 8 y miércoles 9 se centrarán en la audiencia de ocho testigos cada una. En la primera, todos serán propuestos por las acusaciones, y en la segunda, habrá también dos de la defensa. Ya el jueves 10, se practicará el resto de testificales de esta última parte.
En las siguientes jornadas se llevará a cabo la pericial médico-forense (viernes 11), pericial toxicológica e informática (lunes 14), pericial técnica y técnico-policial (martes 15), para dar paso a continuación a las periciales de la defensa (miércoles 16).
La penúltima sesión, la del jueves 17, se dedicará a las conclusiones, informes finales de las partes y derecho a la última palabra de la acusada, y finalmente el jurado deberá emitir su veredicto el viernes 18 de noviembre.
El tribunal del jurado estará presidido por el a su vez presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el magistrado Agustín Alonso.
