La Audiencia Provincial de Cantabria acogerá desde este viernes, 4 de noviembre, y hasta el próximo día 18 el juicio a la acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales, cuya cabeza apareció hace tres años dentro de una caja que la sospechosa había entregado, meses atrás, a una amiga suya para que se la guardase. La vista comenzará con la elección, a puerta cerrada, de los miembros del jurado popular, que estará constituido por nueve titulares y 2 suplentes.
La procesada, Carmen Merino, natural de Sevilla y que llevaba varios años conviviendo en la localidad cántabra con la víctima, Jesús María Baranda -jubilado vasco de 67 años en el momento de su desaparición- afronta la vista oral "con la ansiedad propia de quien lleva tres años en prisión" provisional -está en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, desde el macabro hallazgo-.
Pero también, con el deseo de que el plenario empiece ya, se practiquen las pruebas y termine "cuanto antes" y con un veredicto "favorable", pues siempre se ha declarado inocente. Así lo manifestó la única vez que ha roto su silencio hasta ahora, para asegurar al juez instructor que no tenía nada que ver con la desaparición y muerte de su compañero sentimental.
El juicio se desarrollará en la Sección Tercera de la Audiencia y el tribunal del jurado se constituirá el primer día, este viernes 4, y se prolongará durante diez jornadas más programadas a lo largo de dos semanas: desde el lunes 7, con las cuestiones previas y la declaración de la procesada, y hasta el viernes 18, con la deliberación y veredicto del jurado.
Las sesiones del martes 8 y miércoles 9 se centrarán en la audiencia de ocho testigos cada una. En la primera, todos serán propuestos por las acusaciones, y en la segunda, habrá también dos de la defensa. Ya el jueves 10, se practicará el resto de testificales de esta última parte.
En las siguientes jornadas se llevará a cabo la pericial médico-forense (viernes 11), pericial toxicológica e informática (lunes 14), pericial técnica y técnico-policial (martes 15), para dar paso a continuación a las periciales de la defensa (miércoles 16).
La penúltima sesión, la del jueves 17, se dedicará a las conclusiones, informes finales de las partes y derecho a la última palabra de la acusada, y finalmente el jurado deberá emitir su veredicto el viernes 18 de noviembre.
El jurado y el plenario estarán presididos por el a su vez presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el magistrado Agustín Alonso, y se celebra más de tres años después del macabro hallazgo, que tuvo lugar en septiembre de 2019.
Los restos óseos corresponden a la pareja de la sospechosa: Jesús María Baranda, un banquero bilbaíno jubilado que había desaparecido en el mes de febrero, aunque sus familiares no interpusieron la correspondiente denuncia hasta abril, y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.
El crimen se destapó cuando una amiga de la única procesada, que se enfrenta a 25 años de cárcel por asesinato que pide la Fiscalía y prisión permanente revisable que reclaman los familiares de la víctima, abrió el paquete que tiempo atrás le había entregado para que se lo guardase en su casa, alegando que contenía juguetes eróticos y que no quería que los viesen los agentes de la Guardia Civil en los registros domiciliarios que estaba practicando por la investigación iniciada tras denunciarse la desaparición de Baranda.
Sin embargo, la mujer abrió la caja, de cartón, ante el mal olor que desprendía, en la que descubrió una cabeza humana, dentro a su vez de una bolsa de plástico y recubierta asimismo con una página de periódico con un pasatiempos -un crucigrama- cumplimentado.
PUDO GUARDAR UN SECRETO TAN GORDO GRACIAS A LAS PASTILLAS
Desde el descubrimiento, la sospechosa solo ha declarado una vez: en noviembre de 2020 en el Juzgado que ha instruido el caso, el número tres de Castro Urdiales y que en dos años cambió tres veces de titular.
Merino habló para negar su participación en los hechos, asegurando que no tuvo "nada que ver" con la desaparición y fallecimiento de su novio. Añadió que no tenía "ni idea" de qué había "podido ocurrir" al hombre, con el que llevaba siete años viviendo en un piso de la calle Padre Basabe de Castro Urdiales, y que ambos "se querían muchísimo".
Además, de acuerdo con la testifical de una mujer -hermana de la que abrió la caja con el cráneo- la procesada le había asegurado tras el descubrimiento que había podido "guardar" la cabeza de su pareja y el "secreto tan gordo" de lo ocurrido meses antes "gracias a las pastillas".
El hallazgo del cráneo desató todo tipo de conjeturas sobre lo sucedido y su identidad se determinó días después de su aparición por las pruebas forenses que se practicaron.
Durante las jornadas siguientes, la Guardia Civil de Cantabria, con apoyo de especialistas de Madrid y con ayuda de perros, inspeccionó el piso de la pareja, terrenos que tenía el fallecido en la zona, y hasta se desplazó al vertedero de Meruelo, el más grande de la región, para informarse sobre tratamiento de residuos.
Todavía quedan por despejar muchas dudas en torno a este suceso, como el motivo del crimen, dónde se produjo o dónde se encuentra el resto del cuerpo del fallecido.
USÓ SOMNÍFEROS Y UNA MOTOSIERRA Y HABÍA UN INTERÉS ECONÓMICO
En el auto de hechos justiciables se considera que sobre el 13 de febrero de 2019 Carmen Merino estaba con Jesús María Baranda en la vivienda de él en la que ambos convivían desde 2012 en el marco de la relación sentimental "estable" que mantenían desde hacía años.
Así, aprovechando que residían ellos dos solos y que "no había terceras personas que pudieran auxiliar" al hombre, la mujer le suministró una "elevada cantidad de diazepam", somnífero que le dejó "adormilado, eliminando de ese modo sus posibilidades de defensa, todo ello con la intención de acabar con su vida".
Añade que ella "causó intencionadamente la muerte de Jesús María Baranda, con la intención de aprovecharse económicamente de sus bienes" y utilizó una "motosierra" para "deshacerse del cuerpo" de su pareja, que la había nombrado "heredera universal" en su testamento.
En la resolución también se pone de manifiesto que "no se sabe" en qué circunstancias murió el hombre ni cuándo o dónde se produjo el crimen, ya que hasta ahora solo se ha encontrado su cráneo.
DELITOS Y PENAS: DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE A LIBRE ABSOLUCIÓN
Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen los hijos de la víctima, consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa) y con la circunstancia agravante de parentesco.
El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público.
Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos.
Por el contrario, la defensa sostiene que la acusada es inocente y reclama la libre absolución, sin que proceda indemnización alguna.
