El macrojuicio de 'La Loma' de Castro Urdiales, cuyo comienzo estaba previsto este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, se ha aplazado hasta el jueves a petición de "gran parte" de las defensas para intentar negociar algún tipo de conformidad o de acuerdos parciales que permitan "limitar o adelgazar" los hechos a enjuiciar y el número de imputados.
En la causa hay 45 acusados de delitos como prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos. De ellos, 22 eran cargos políticos del Ayuntamiento durante entre los años 2000 y 2008, con los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muruguza a la cabeza.
La petición, aceptada por el presidente de la Sección Tercera, Agustín Alonso, ha sido planteada por el letrado Andrés de Diego -decano del Colegio de Abogados de Cantabria-, que defiende al exarquitecto Pedro Restegui.
En declaraciones posteriores a los medios, De Diego ha explicado que "unos cuantos abogados de las defensas y las acusaciones venimos hablando en aras a la posibilidad de bien adelgazar o limitar los hechos o que pueda haber conformidades, pero la complejidad del asunto, la extensión, el número de imputados y el número de abogados ha hecho francamente difícil que se pueda materializar en este mes que llevamos intentándolo".
Por ello, han pedido a la sala que les den dos días antes del inicio propiamente del juicio "para ver la posibilidad de conseguir alguna conformidad, o que algunas personas o hechos puedan salir del enjuiciamiento", es decir, "un acuerdo parcial o alguna fórmula" que "limite" la causa. "Hay abogados de Madrid, Bilbao, Cantabria,....era muy difícil conectarnos todos y por eso hemos pedido este tiempo", ha señalado.
De Diego ha explicado que los hechos a enjuiciar abarcan muchas zonas de Castro de suelo urbanizable no programado y "se podría dar la posibilidad de que saliesen personas (acusados) o se limitasen hechos" o partes de la instrucción.
El acuerdo tendría que integrar a las acusaciones públicas y a las particulares y en función de su extensión, alteraría la duración del juicio, que en principio está programado durante seis meses, hasta el 30 de marzo. "Si se adelgaza el asunto y salen algunos imputados, seguramente habrá testigos que no tengan que venir", ha explicado.
También en declaraciones a los medios, el exalcalde Fernando Muguruza se ha mostrado "tranquilo" y ha afirmado que "todas sus decisiones fueron tomadas conforme a la lógica y el derecho". "Llevamos 13 años sin juicio", se ha quejado el exregidor, para quien la Fiscalía solicita una pena de 11 años de cárcel y que tiene otras dos causas pendientes.
Por su parte, el exconcejal Salvador Hierro, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión, ha defendido que en Castro Urdiales "no se ha tenido que tirar nada", mientras que en otros puntos de Cantabria "han tirado cientos de chalets", por lo que considera "un poco surrealista" que la Fiscalía pida años de cárcel no sólo para cargos públicos sino también para "técnicos, urbanistas, ingenieros, abogados...".
"No es lo mismo atravesar el desierto uno solo que atravesarlo con un ejército; todo el ejercito algo habrá hecho mal, o los jueces lo están haciendo mal", ha planteado.
200 AÑOS DE CÁRCEL
Para el total de los acusados la Fiscalía solicita cerca de 200 años de cárcel. Además de los 22 cargos políticos, están acusados seis técnicos vinculados con el Ayuntamiento, el propio secretario del Consistorio, 13 administradores de empresas promotoras y dos directores de obra.
En el procedimiento, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, ejercen acusación la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán y seis representantes de particulares compradores de fincas.
Mientras, la acción civil la ejercen cuatro bancos y una promotora inmobiliaria. Además, están personados como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de Castro Urdiales y seis promotoras.
EL ESCRITO DEL FISCAL
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados, "con la finalidad de hacer prevalecer su voluntad sobre el imperativo legal regulador del desarrollo urbanístico, han elaborado, informado, consentido y aprobado, respectivamente, consciente y voluntariamente", instrumentos urbanísticos contrarios al Plan General de Ordenación Urbana que "carecen del contenido mínimo exigible por ley".
En el caso de las licencias de obras "no se adecuaban", según Fiscalía, ni al PGOU ni al resto de la normativa urbanística, mientras que las licencias de primera ocupación se referían a edificaciones que "carecen de la infraestructura mínima para el uso residencial al que estaban destinadas".
El Ministerio Fiscal sostiene que los responsables municipales "han resuelto prescindiendo de informe técnico en algunos casos y de informe jurídico en casi todos".
"Han hecho caso omiso del contenido de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes que tutelan el interés público gestionado por las administraciones estatal y autonómica, también voluntaria y conscientemente", añade el escrito, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En lo que se refiere a los particulares --los promotores inmobiliarios acusados--, según la Fiscalía, "han inducido a error intencionadamente a los adquirientes de las viviendas respecto a la situación del estado de urbanización en general y del abastecimiento de agua en particular".
Con esta actitud, han provocado "la adquisición y pago de viviendas que carecen de los servicios mínimos legalmente exigibles". En algún supuesto, según la Fiscalía, "se ha alterado, en connivencia con funcionarios públicos, intencionadamente, el contenido de documentos oficiales".
Los hechos constituyen, a juicio del Ministerio Público, delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.
En el caso de la prevaricación y la prevaricación urbanística, imputado a técnicos municipales y concejales, las penas solicitadas llegan hasta los nueve años de inhabilitación para empleo público y dos años de prisión.
PENAS
Por la falsedad documental, el fiscal pide hasta cinco años de cárcel e inhabilitación de cuatro años. El cohecho supone una petición de pena de hasta cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público de diez años, con multas de 1,8 millones de euros, 1,08 millones de euros y 442.336 euros, según los casos.
La infidelidad en la custodia de documentos supone una petición de condena de año y medio de prisión, además de inhabilitación de ocho meses. En el caso del delito de estafa, que se imputa a los administradores de las promotoras inmobiliarias que vendieron las viviendas a particulares, las penas solicitadas son de seis años de cárcel.
Finalmente, la petición de pena por desobediencia es de un año de prisión. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita la declaración de la nulidad de los instrumentos urbanísticos irregulares y la demolición de las edificaciones construidas a su amparo.
También pide indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Castro Urdiales por las cuantías en que se ha monetarizado el aprovechamiento urbanístico, así como a favor de los particulares que compraron las viviendas construidas al amparo de los citados instrumentos urbanísticos.
