La acusada de asesinar a su pareja en Castro Urdiales, Carmen Merino, va a empezar a declarar a su abogado, y también responderá al jurado, pero no a la Fiscalía ni a la acusación particular. "No confío absolutamente nada en ellos", ha dicho como explicación.
Al respecto, la procesada ha señalado que la actuación del fiscal y acusación particular, que ejercen los hijos de la víctima, en estos tres años que ha durado el proceso "no me permiten confiar en ellos".
Tras constituirse el jurado popular el pasado viernes, el juicio por el asesinato del jubilado vasco Juan María Baranda, de 67 años, cuyo cráneo apareció en una caja, ha seguido este lunes con las cuestiones previas y ahora con la declaración de la acusada.
Está previsto que el juicio se prolongue durante diez jornadas más programadas a lo largo de dos semanas, hasta el viernes 18, cuando está se llevará a cabo la deliberación y el veredicto del jurado, que está conformado por un hombre y ocho mujeres más dos suplentes.
La cabeza del hombre apareció hace tres años dentro de una caja que la sospechosa, --natural de Sevilla y que llevaba varios años conviviendo con la víctima en la localidad cántabra--, había entregado, meses atrás, a una amiga suya para que se la guardase.
El juicio se desarrolla, en medio de una gran expectación, en la Sección Tercera de la Audiencia, donde está mañana llegó la acusada escoltada pero sin esposar. Al inicio, se planteó una cuestión previa relativa a la petición de la defensa de que se aislara al jurado durante las sesiones, que se desestimó.
La defensa también reclamó que el juicio se celebrara a puerta cerrada, a lo que se opuso la Fiscalía y posteriormente el jurado, tras deliberar.
El jurado y el plenario están presididos por el a su vez presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, el magistrado Agustín Alonso, y se celebra más de tres años después del hallazgo, que tuvo lugar en septiembre de 2019.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa) y con la circunstancia agravante de parentesco.
El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público.
Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos.
Por el contrario, la defensa sostiene que la acusada es inocente y reclama la libre absolución, sin que proceda indemnización alguna.
