La sección sindical de UGT en la Policía Local de Los Corrales de Buelna ha remitido un escrito en el que advierte de posibles deficiencias en el procedimiento sancionador derivado de los controles de velocidad, tras tener conocimiento de diversas quejas vecinales.
En el documento, fechado el 30 de marzo de 2026 y dirigido a la Secretaría General del Ayuntamiento de Los Corrales, el sindicato plantea dudas sobre si los expedientes sancionadores cumplen con la normativa vigente en materia de metrología y garantías jurídicas, y solicita información detallada para evitar posibles impugnaciones masivas de multas.
Entre las cuestiones trasladadas, UGT pone el foco en el cumplimiento de la Orden ICT/155/2020, que regula el control metrológico de los radares. Según indica, las notificaciones de sanción no estarían incorporando imágenes del vehículo infractor, cuando la normativa establece que, en el caso de cinemómetros en emplazamientos no fijos —como los radares instalados en vehículos estacionados—, deben constar al menos dos fotografías en distintos instantes para garantizar la correcta identificación.
Asimismo, el sindicato solicita aclaraciones sobre la aplicación de los márgenes de error en las mediciones de velocidad. Recuerda que la normativa fija un margen de ±5 km/h para velocidades inferiores a 100 km/h y que, según la doctrina del Tribunal Supremo, estos márgenes deben descontarse de la velocidad detectada por el radar. UGT pide que se acredite si las cifras notificadas a los conductores ya incluyen dicha corrección.
Otro de los aspectos señalados es la necesidad de contar con los certificados de verificación periódica de los cinemómetros, conforme al Real Decreto 244/2016, para garantizar que los dispositivos se encuentran dentro de su periodo de validez. En este sentido, propone que estos certificados se incorporen también a las notificaciones remitidas a los infractores.
El escrito también recoge la preocupación por el procedimiento de acceso a la prueba de cargo. Según UGT, solicitar la fotografía del radar se estaría tramitando como una alegación, lo que implica la pérdida automática del descuento del 50% en la sanción. El sindicato recuerda las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que considera que el acceso a la prueba no debería condicionar este derecho, al tratarse de un ejercicio de información previa y no de una alegación de fondo.
Además, la sección sindical advierte de que la situación podría no ser puntual. La furgoneta radar utilizada pertenece a la Dirección General de Tráfico y se desplaza por diferentes municipios de Cantabria mediante un sistema de cesión a policías locales, por lo que las posibles deficiencias detectadas podrían estar produciéndose en más localidades de la comunidad.
Por último, UGT alude a diversa jurisprudencia que cuestiona la presunción de veracidad absoluta de las denuncias basadas en instrumentos técnicos si no van acompañadas de pruebas documentales suficientes. En este sentido, advierte de que la ausencia de soporte gráfico adecuado podría comprometer la validez de las sanciones.
El sindicato concluye solicitando a la administración que informe sobre los protocolos actuales y adopte las medidas necesarias para “blindar jurídicamente” tanto la actuación de la Policía Local como los derechos de los ciudadanos.
