La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios han denunciado que el Reglamento de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria excluye de la oferta de alternativa habitacional a determinadas personas con riesgo de ser desahuciadas y, por ello, han pedido que mientras esto no se corrija se suspenda su aplicación.
Así se lo han solicitado este miércoles representantes de ambas plataformas a la directora general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, en una reunión que han mantenido esta.
Tras la reunión, los portavoces de la PAH y Stop Desahucios, Óscar Manteca y Roberto Mazorra, respectivamente, han explicado que dicho reglamento tiene unos "restrictivos" requisitos en cuanto a qué personas en emergencia habitacional se les ofrece una alternativa desde la Oficina.
Así, Manteca (PAH) ha explicado que desde la Oficina de Emergencia Habitacional "limita", "casi exclusivamente", los ofrecimientos de viviendas del parque público de Cantabria a personas en situación de emergencia habitacional que tienen impagos de alquileres privados, dejando fuera otros casos.
Por ejemplo, ha señalado que no se ofrece alternativa a los denominados 'precaristas', esto es personas que no pagan alquiler y están viviendo en casas que no son de su propiedad "por permisividad del dueño" y que se encuentran en situación de emergencia habitacional.
Han explicado que sus plataformas llevan varios casos de este tipo a los que el Gobierno de Cantabria, en base a este reglamento, no ofrece ninguna alternativa habitacional y corren el riesgo de quedarse "en la calle".
Este es, según ha explicado, el caso de una familia que reside en una vivienda en Astillero propiedad de la sociedad Global Berbice, vinculada a Liberbank, y cuyo desahucio está previsto para el 18 de marzo.
Stop Desahucios sostiene que dicho reglamento de la Oficina de Emergencia Habitacional, que gestiona la sociedad Gesvican, es "ilegal" y "manifiestamente inconstitucional".
Por ello, han pedido a la Dirección General de Vivienda que se elabore un decreto que regule el acceso al parque público de vivienda de la comunidad y que incluya a los colectivos que ahora, con el actual reglamento, no reciben una alternativa habitacional y reclaman que, hasta que se elabore, se paralice la aplicación del reglamento.
A la vista de lo que, según su versión, le ha trasladado la directora general de Vivienda, en principio este reglamento se seguirá aplicando.
Por ello, desde ambos colectivos han criticado que desde el Gobierno sigan "empecinados" en seguir empleando dicho reglamento sin ofrecer, según han censurado, "argumentación lógica" ni explicar los motivos y, además, cuando ya hay jueces del ámbito civil y penal que, en Cantabria, se han expresado en contra de este criterio.
