El Gobierno pide medidas al juzgado para apartar a Rucecan, La Encina, Api y Cannor de la contratación pública

Por otra parte, además de anunciar las dimisiones de Gochicoa y su número 2 en la Consejería, Manuel del Jesús, Revilla ha anunciado que por parte del Gobierno de Cantabria ha solicitado al juzgado que instruye la causa --el número 5 de Santander que dirige Mercedes Compostizo-- la adopción de medidas cautelares, pidiéndole que amplíe la investigación para que ésta se extienda no solo a las personas físicas (el funcionario y los representantes de las empresas implicadas) sino también contra las empresas en sí.

Y es que Revilla ha explicado que en la causa por ahora solo se centra en los representantes de las empresas, como personas físicas, pero no en las propias empresas.

El objetivo de la petición del Gobierno al juzgado es poder apartar temporalmente a las empresas implicadas de los procesos de contratación en marcha a los que se habían presentado en los que haya intervenido el funcionario implicado, sin tener que detener las obras previstas, que son "necesarias" y "muchas" --ha dicho-- Revilla estaban "a punto de adjudicarse". Pero para ello, se precisa el "amparo" el juzgado.

También el Gobierno ha puesto en conocimiento del juzgado que en distintas consejerías del Ejecutivo hay expedientes de contratación, aun pendientes de adjudicación, en los que se han presentado estas empresas pero en los que no hay indicio de ilegalidad. El objetivo es que el órgano judicial tenga esta información y que, sin considera que hay algún problema, lo indique.

Además, el Gobierno de Cantabria ha solicitado al juzgado la apertura de una cuenta bancaria en la que poder ingresar las cantidades que el Ejecutivo debe abonar a estas empresas por trabajos ya realizados para que sea el propio juzgado el que determine su destino.

Y en cuanto al funcionario implicado, el presidente regional ha anunciado que se ha iniciado un expediente disciplinario para llevar a cabo su suspensión como funcionario, así como apartarlo de forma provisional del servicio, lo que conlleva pérdida de empleo y sueldo (solo percibirá una retribución básica que tendrá que devolver si resulta condenado).

REFUERZO DE LOS CONTROLES EN CONTRATACIÓN

También ha anunciado que el Gobierno de Cantabria va a empezar a reforzar "inmediatamente" los controles en materia de contratación porque aunque, según ha dicho, la Ley de Contratos se está "cumpliendo rigurosamente" cree que "se ha demostrado que no es suficiente".

Así, se va a iniciar la tramitación para hacer algunas modificaciones en los procedimientos. Así, por ejemplo, se requerirá que un expediente de contratación vaya firmado no por un funcionario --como ahora-- sino por dos. "Con lo cual ya es más complicado para que pueda haber situaciones de estas".