Así lo ha asegurado la diputada cántabra de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Rosana Alonso, que ha defendido una proposición no de ley para garantizar la iluminación de las autovías que atraviesan la región, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso.
"Era urgente y necesario revertir el apagado de la iluminación de nuestras autovías, ya que en Cantabria todos los enlaces fueron apagados", ha señalado la portavoz 'morada', quien ha indicado que "esa falta de iluminación ha provocado desde 2010 un aumento de la siniestralidad", algo "acreditado" por datos de la Dirección General de Tráfico, de los que se desprende que "gran cantidad de accidentes con heridos y/o muertes que se producen de noche tienen lugar en tramos que carecen de iluminación artificial".
En un comunicado, Alonso ha detallado que con esta propuesta se pide al Gobierno estudiar y evaluar el impacto en la seguridad vial de mantener sin iluminación las autovías autonómicas, con especial incidencia a los carriles de aceleración y desaceleración, los pasos cercanos a núcleos urbanos y las conexiones e intersecciones con otras carreteras o vías urbanas por las que transitan peatones y ciclista, en una región donde "en numerosas ocasiones la visibilidad se ve reducida por cuestiones climatológicas".
Además, se insta al Ejecutivo a revisar las normativas que impusieron el apagón (Orden 36/2015 de 24 de febrero y Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre) y dotar una partida presupuestaria para materializar las recomendaciones y propuestas extraídas de la evaluación realizada.
Alonso ha recordado que desde 2010, cuando el entonces ministro, José Blanco, adoptó la medida de "apagar la iluminación de centenares de enlaces de autovías y autopistas en España, toda la red de carreteras de Cantabria se vio afectada" ya que, a diferencia de otras comunidades, "las vías de alta capacidad pertenecen al Estado".
La medida tomada por el Gobierno socialista y "refrendada" posteriormente por el 'popular' -con la Orden 36/2015 que exige un mínimo de 60.000 diarios aplicables a todo el territorio- contribuyó a "empeorar la situación en Cantabria", donde "no se ha tenido en cuenta el peligro que representa la escasez de iluminación en zonas de alta pluviosidad".
