El acuerdo al que ha llegado Comisiones Obreras con el Gobierno de España, recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, actualmente en tramitación, permitiría, si se cumple el objetivo, reducir la temporalidad del empleo público en Cantabria de los 12.000 interinos actuales a unos 3.500 en 2020.
Así lo han indicado hoy en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos, y de Cantabria, Francisco Javier Báscones, quienes han presentado el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, que es el primer acuerdo global tras diez años de recortes y sin negociación colectiva, y que contempla el objetivo de la reducción de interinos.
Báscones ha precisado que, en Cantabria, esta medida afectaría particularmente a las mujeres, puesto que representan el 70% de los trabajadores temporales públicos de los sectores de la educación, sanidad y servicios sociales.
En Cantabria, aunque hay deficiencias estadísticas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) hay 42.662 trabajadores públicas sometidos a uno de los índices de temporalidad más altos del país, un 30%, después de producirse una gran destrucción de puestos de empleo, con más de 2.200 puestos perdidos desde 2010. Es decir, unos 12.000 trabajadores están en situación de interinidad. El objetivo del acuerdo es reducir esa tasa al 8% desde ahora hasta el 2020.
El sindicalista cántabro ha explicado que con el acuerdo en el sector público alcanzado a nivel nacional por CCOO en esta comunidad se pretende "desbloquear ciertas cosas que el Gobierno de Cantabria y otras administraciones tenían paralizadas porque la Administración General del Estado impedía desarrollar", como la negociación colectiva.
En este sentido, el sindicato ha pedido al Gobierno de Cantabria la creación de mesas específicas para abordar empleo, salarios y negociación colectiva para desarrollar las ofertas públicas de empleo y la reducción de la temporalidad del 30% al 8% en 2020.
En la administración local, Báscones ha reiterado la petición al Gobierno de Cantabria para que apoye la creación de un órgano de coordinación de todos los ayuntamientos para poder negociar condiciones comunes, en línea con los existentes en otras comunidades, lo que permitiría desarrollar los acuerdos "de forma mucho más fácil" en la administración local.
CCOO de Cantabria también ha solicitado al Ejecutivo un acuerdo de bases mínimas para que las empresas públicas --"que en algunos casos se han utilizado para huir del control público que es mucho más estricto, y ahora se tiran los trastos a la cabeza", ha apostillado-- tengan unas bases comunes de acceso, se les aplique el acuerdo marco alcanzado, y haya criterios de transparencia y claridad tanto en los procesos de contratación como en los derechos de los trabajadores.
El II Acuerdo fue ratificado en la Mesa General de Negociación de 14 de marzo y publicado en el Boletín Oficial del Estado, extendiendo su duración entre los años 2018 a 2020.
Olmos ha desgranado los puntos principales del acuerdo que ha centrado en tres ejes principales: empleo, negociación colectiva y salarios.
Respecto a empleo, se pretende rebajar la tasa de temporalidad del 24 por ciento actual al 8 por ciento y elevar la tasa de reposición, de forma que, por primera vez, habrá creación neta de empleo público y se evitará la destrucción de puestos de trabajo.
Ha explicado que el acuerdo se debe traducir en un oferta masiva de plazas de empleo público para reducir los altos índices de temporalidad, en Cantabria del 30%, al 8% con tasas de reposición y nuevas plazas laborales que, además, ahora comprometen a todo el sector público, incluidas empresas y entidades.
En salarios se establece una parte de incremento fija a la que se sumará una parte variable en función del Producto Interior Bruto (PIB) alcanzado en los años 2019 y 2020, y unos fondos adicionales que serán objeto de negociación en cada ámbito, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en cada uno de ellos, por ejemplo, incrementar los salarios más bajos.
Sobre la negociación colectiva, Olmos ha destacado la jornada laboral y el cien por cien de coberturas en casos de incapacidad temporal, y ha subrayado que se abre una vía para seguir negociando y recuperando "los derechos arrebatados".
"Es un acuerdo positivo, que va en la buena dirección, pero que no agota la negociación sino que, posiblemente, la firma del acuerdo vaya a generar mayor movilización" al abrirse la negociación "de los derechos públicos arrebatados por la crisis", ha valorado.
Al respecto, ha remarcado que con el acuerdo se ha desbloqueado la capacidad de negociación de las diferentes administraciones para negociar en materia laboral. "Con la excusa de la crisis el Gobierno había tratado a las administraciones como menores de edad a las que había que tutelar", pero ahora se recupera esa capacidad de negociación colectiva en materia de jornadas o condiciones laborales.
