El Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) han cruzado acusaciones en torno al nuevo Plan de Gestión del Lobo y al abono de las ayudas por servicios ambientales en zonas con presencia de la especie.
La diputada regional y portavoz de Ganadería del PP, Belén Ceballos, ha respondido a las críticas del diputado regionalista y exconsejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, acusándole de “mentir” sobre la falta de pago de las subvenciones.
Según Ceballos, el actual Ejecutivo del PP ha abonado en 2024 “algo más de 2 millones de euros” correspondientes a deudas de los años 2022 y 2023, que, afirma, el anterior titular de la Consejería dejó sin pagar.
La popular ha defendido que, “gracias a la buena gestión del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga”, se han puesto al día los pagos de estas ayudas y ha recordado que, cuando accedieron al Ejecutivo, se encontraron con más de 700 expedientes de indemnizaciones por daños de lobo sin tramitar, valorados en más de 400.000 euros. También ha destacado que la póliza de seguro por ataques de lobo se ha incrementado hasta los 2,8 millones de euros.
En cuanto al nuevo Plan de Gestión, Ceballos ha explicado que se está elaborando con la participación de todos los sectores implicados, incluida la Federación de Caza, y que prevé “blindar” el control poblacional del lobo, independientemente de su estatus legal. Ha aclarado que, aunque el documento no mencione expresamente la caza, los cazadores y ganaderos podrán participar en las batidas por daños, siempre bajo coordinación de la Consejería.
Por su parte, Guillermo Blanco ha presentado tres alegaciones al nuevo plan, que considera “idéntico en un 90%” al que elaboró el PRC en la pasada legislatura, pero con cambios que rechaza. Entre ellos, la eliminación de las extracciones de lobos en cacerías de jabalí, la ampliación de tres a seis meses del plazo para resolver las indemnizaciones a ganaderos y la extensión de cinco a diez años del periodo de revisión del plan.
El regionalista ha criticado que el PP haya optado por redactar un nuevo decreto en lugar de modificar el de 2019, lo que, a su juicio, puede generar litigios judiciales, y ha denunciado que en esta legislatura no se han convocado las ayudas para medidas preventivas como la compra de mastines o cierres perimetrales. Asimismo, ha cuestionado que el Ejecutivo “haya retomado las extracciones de lobos” sin aplicar el resto de medidas contempladas en el plan anterior.
El plan propuesto por el PP reduce de tres a dos las zonas de clasificación por presencia de lobo, incorporando a la zona de presencia permanente a Arredondo, Miera y Ruesga, y quedando un total de 39 municipios en esa categoría. El documento se encuentra en periodo de información pública hasta el domingo 17 de agosto.
