El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha ratificado la situación de prisión preventiva, comunicada y sin fianza decretada para dos hombres detenidos en marzo de 2024 en Santander y que están siendo investigados por haber contratado a un sicario para que matara a otro, que había sido su socio en proyectos inmobiliarios.
En un auto de finales de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez deniega la petición de libertad provisional formulada por uno de los dos investigados y explica que "no se ha producido ninguna modificación de las circunstancias" que se tuvieron en cuenta cuando se acordó la prisión preventiva", que fueron los "indicios racionales de criminalidad, motivos bastantes para creer al investigado autor responsable de los hechos", protección a la víctima y riesgo de fuga.
Además, apunta que el tiempo transcurrido desde el inicial ingreso "está aun lejos del cumplimiento de los plazos legales, sin que haya diluido los motivos por los que se decretó la prisión".
Así, "no habiendo lugar a revisar la situación", este órgano mantiene la medida cautelar adoptada el 22 de marzo por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, por tentativa de homicidio, lesiones graves y obstrucción a la justicia, entre otros delitos.
El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ya había ratificado esta medida cautelar hace varios meses y ahora ha vuelto a hacerlo en un auto que tampoco es firme, ya que cabe interponer recurso de reforma.
Como explicó en la resolución anterior, la prisión preventiva resulta "el único remedio" para proteger y evitar "nuevos ataques" a las víctimas, pues el que fuera su socio sufrió dos agresiones y la última, perpetrada cuando regresaba a su domicilio de un paseo, le dejó graves lesiones.
Tras intentar los implicados una negociación "ventajosa" que no fue aceptada por el socio, contrataron a un tercero para que le agrediera. Así lo hizo en diciembre de 2023, cuando la víctima fue golpeada "por la espalda con un martillo o puño americano", lo que le provocó diversas fracturas en cráneo y mandíbula y secuelas como la pérdida de visión de un ojo y hemiplejia.
Además, le realizaron numerosos seguimientos que abarcaron a su familia, incluidos sus hijos.
Los encarcelados -de nombres y apariencia de varón, aunque en sus DNIs figura que son mujeres-, estaban vinculados a un proyecto inmobiliario para la ejecución de diez viviendas en un edificio colectivo y una vivienda unifamiliar a desarrollar en un solar sito en la calle Luis Martínez de Santander.
Durante su desarrollo comenzaron a surgir múltiples conflictos entre los inversores, que fueron desembocando en diversas causas judiciales.
Además de al agredido, los dos sospechosos amenazaron de muerte a su abogada para que cesara en su defensa, extremo que consiguieron; y también a un juez de Santander (Instrucción 4), a cuyo domicilio particular remitieron dos cartas pidiendo que archivara la querella criminal que había interpuesto contra ellos el denunciante.
Ese magistrado acordó el sobreseimiento del procedimiento, aunque la resolución fue recurrida por supuesta falta de imparcialidad y falta disciplinaria grave, y dicho juez ha sido citado para declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid.
INVESTIGACIÓN
El primer auto de prisión fue dictado el 22 de marzo por el juez de Instrucción 1 de Santander, en funciones de guardia esa semana, y a cuya disposición habían pasado tres detenidos en la ciudad, en el marco de una instrucción iniciada meses antes por el Juzgado de Madrid y desde donde se desplazó un grupo especializado de la Policía Nacional con motivo de los arrestos.
El juez cántabro decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, M. A. V. E. y J. J. T. V., como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, obstrucción a la justicia y amenazas, entre otros.
Además, acordó libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado para el tercer implicado.
Las diligencias se acordaron en base a un atestado policial fechado el 19 de marzo, por la supuesta comisión de un delito de lesiones graves y dos de amenazas graves.
