Vox pregunta al Gobierno de Cantabria dónde va a alojar a los menas procedentes de Canarias

El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio
photo_camera El portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio

Vox ha registrado una serie de preguntas en el Parlamento en las que cuestiona al Gobierno de Cantabria sobre dónde va a alojar a los 'menas' (menores extranjeros no acompañados) procedentes de Canarias.

Así lo ha preguntado después de conocer que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, ha acordado con el Ejecutivo cántabro derivar 20 menores inmigrantes procedentes del archipiélago canario.

Vox pregunta al Gobierno dónde tiene previsto alojar a estos menores tras anunciar que el actual Centro de Atención a la Infancia y la Familia, gestionado por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, va a trasladarse a otra ubicación, ya que "ni la estructura ni el funcionamiento del centro cumplen los requisitos mínimos para proporcionar la atención que los niños y los jóvenes requieren".

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Vox ha recordado también que el centro permite una estancia de 45 días como máximo, "tiempo insuficiente para conseguir que estos menores puedan integrarse en la sociedad cántabra u optar a una modelo de acogimiento familiar", señala.

La formación ha pedido además conocer cuántos menores extranjeros están acogidos actualmente en la Comunidad Autónoma, cuál es el coste anual por cada uno de ellos y de cuántas plazas se dispone, dado que de media el centro de Atención a la Infancia y la Familia es de 10 usuarios al año.

Para el portavoz parlamentario de Vox, Cristobal Palacio, el problema de los menores inmigrantes "no es un tema menor", y ha destacado que "la avalancha" de polizones en el Brittany Ferry (2.360 en 2019) "motivó en buena medida que la naviera decidiera trasladar de Santander la ruta irlandesa".

Por último, ha insistido en la importancia de que se firmen los acuerdos necesarios entre el Gobierno de España y los países de origen de los menores que hayan llegado de forma ilegal y se encuentren bajo la tutela de la administración, con el objetivo de procurar que la "atención e integración social" de los mismos "se realice en su entorno de procedencia, así como de impedir que incumplan sistemáticamente la Convención de Derechos del Niño".