La sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria ha rechazado la "vergonzosa" modificación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) planteada por el Ejecutivo autonómico y que "previsiblemente" se aprobará en el último Consejo de Gobierno de esta legislatura.
En un comunicado, el sindicato critica al Gobierno regional por su "nula voluntad de diálogo", insta a abrir "una vía de negociación para un análisis profundo de las necesidades reales del ICASS" y advierte de su voluntad de acudir a los tribunales de justicia "para luchar contra las irregularidades de esta RPT", así como de convocar y apoyar todas las reivindicaciones y movilizaciones que realicen los trabajadores del ICASS en contra de la medida.
Para UGT, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo propuesta por el Gobierno de Cantabria en el ICASS "perjudica claramente los derechos de su plantilla y aumenta aún más la penosidad laboral del sector público de servicios sociales".
"El ICASS cuenta con casi 1.200 profesionales que tienen los puestos de trabajo peor dotados económicamente y con los niveles y complementos salariales más bajos dentro del organigrama del Gobierno de Cantabria, lo que genera agravios comparativos con otras consejerías y grandes perjuicios en la carrera y la promoción profesional".
Según el sindicato, existe "el agravante adicional" de que un 83% de la plantilla del ICASS son mujeres, lo que genera "un efecto directo en la igualdad" en el ámbito del sector de los servicios sociales de Cantabria.
"Lo que se ha planteado es una modificación de diversos puestos de trabajo sin un análisis de las tareas concretas y la especialización de sus profesionales", argumenta UGT, que añade a sus críticas que "la bajísima dotación" de puestos de trabajo propuesta no permitirá resolver los problemas asociados a la sobrecarga de trabajo y el cumplimiento de los cuadrantes mínimos de personal, algo que viene denunciando durante toda esta legislatura.
Además, el sindicato rechaza la apertura de estas plazas a otras administraciones públicas, incluido al personal estatutario, porque a su juicio "supone un desprecio absoluto a la cualificación y promoción profesional del personal de nuestra administración".
