La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha aprobado este lunes la puesta en marcha de una medida de refuerzo, a partir del 1 de abril, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que instruye la causa por los supuestos contratos irregulares en la Consejería de Obras Públicas.
La medida, que tendrá una duración de tres meses prorrogables, se ha adoptado al tratarse de "una causa compleja que hasta el momento ha reunido miles de documentos", ha informado el TSJC en un comunicado.
El refuerzo consistirá en la asignación de una juez de adscripción territorial a dicho Juzgado de Instrucción, con el fin de que pueda celebrar los juicios por delitos leves y asumir la mitad de las diligencias que se tramitan en este órgano.
Por otro lado, la Dirección General de Justicia ha designado, a petición del Tribunal Superior de Justicia, a una funcionaria para apoyar a la gestora que está encargada de la causa "compleja" que ha motivado la medida de refuerzo.
El órgano de gobierno de los jueces responde de este modo a la comunicación remitida el pasado 27 de febrero por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5, Mercedes Compostizo, en la que ponía de manifiesto que estaba instruyendo una causa compleja por la presunta comisión de diversos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación, entre otros.
La magistrada señalaba en su escrito que la causa "exige numerosas horas de estudio y dedicación, estando pendientes de análisis y valoración miles de documentos", por lo que solicitaba que se designara a un miembro de la carrera judicial para reforzar el Juzgado, además de apoyo en la oficina judicial.
El caso, por el que está detenido un funcionario de la Consejería de Obras Públicas, se destapó a finales de febrero y ha supuesto la dimisión la semana pasada del consejero, el regionalista José Luis Gochicoa; el director general de este área, Manuel del Jesús; y el subdirector, Sebastián Martín.
