El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ratificado la sentencia que condenó a UGT por "vulnerar la libertad sindical" de dos trabajadoras del Ayuntamiento de Camargo afiliadas al sindicato, a cada una de las cuales tendrá que abonar 3.000 euros de indemnización.
En una sentencia dictada el pasado mes de diciembre, la Sala de lo Social del TSJC desestima así el recurso de UGT contra el fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Santander que en junio de 2022 condenó al sindicato por "vulneración del derecho de libertad sindical" de las dos trabajadoras.
La sentencia del Juzgado, que el TSJC confirma íntegramente, estimó la demanda interpuesta por las implicadas -integrantes del comité en el Consistorio- y condenó a la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT y a la Comisión de Garantías Confederal del sindicato.
El fallo, que deriva de la reclamación de las demandantes de cesión de horas tras la pérdida de elecciones sindicales y la negativa a su pretensión, también declaraba la nulidad de las sanciones impuestas a ambas por resolución de la Comisión Federal de Garantías de la FeSP de UGT en noviembre de 2020 y la Comisión de Garantías Confederal (CGC) del sindicato en abril de 2021.
Tras la sentencia del TSJC, contra la que cabe recurso de casación, varios militantes de UGT en el Consistorio camargués, que la han dado a conocer, han vuelto a pedir la dimisión de la ejecutiva del sindicato regional, encabezado por Mariano Carmona, secretario general, y Carmen Meruelo, secretaria general de la Ejecutiva de Servicios Públicos, "el primero por ser el iniciador de este conflicto y la segunda por ser la mano que mece la cuna".
También solicitan que "se aparten de todos los cargos" que tengan en la formación a la exsecretaria general de UGT Cantabria, María Jesús Cedrún, "ideóloga de estas artimañas", y a la secretaria de Administración de UGT Cantabria trabajadora del Ayuntamiento de Camargo, Concepción Trueba, "por inductora y colaboradora necesaria de esta trama".
Y reclaman asimismo a través de un comunicado que todos los gastos ocasionados por este y otros procedimientos y sus recursos en curso "los paguen de su bolsillo" los miembros de la Ejecutiva de la que es secretaria general Meruelo, y no "con las cuotas de los afiliados".
Posteriormente a la celebración de este juicio, la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT interpuso querella porposible delito de falso testimonio contra un testigo afiliado del sindicato, en ese momento Secretario General de la Sección Sindical en el Ayuntamiento de Camargo, que testifico en la vista. Dicha querella ha sido archivada definitivamente por un auto dictado por la Sección Tercera la Audiencia Provincial de Cantabria el pasado noviembre.
