El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nula la resolución de la Consejería de Sanidad por la que se decretaron los servicios mínimos de la huelga general indefinida convocada el pasado mes de febrero por UGT en el servicio de diálisis del Servicio Cántabro de Salud, al considerar que estos fueron establecidos "sin mayor explicación ni justificación".
La sentencia, dada a conocer por el sindicato y contra la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, estima así el recurso contencioso-administrativo del Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos de Cantabria y señala que los servicios mínimos del 100% decretados por Sanidad en la huelga "suponen negar su existencia práctica e imposibilitar a los trabajadores obtener los fines pretendidos a través de la convocatoria".
"La Administración (Consejería de Sanidad) aduce que la resolución no alude al 100% de la plantilla actual sino de los efectivos indispensables; aunque ningún análisis se realiza de la plantilla, ni de cuáles son esos efectos indispensables más allá de fijar el 100% de la actividad programada, sin mayor explicación ni justificación", subraya el TSJC, que también impone las costas a la parte demandada.
Según el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, Gustavo Fuentes la sentencia "sólo viene a confirmar" lo que el sindicato denunció desde un principio cuando se convocó la huelga general, convocada desde el pasado 1 de febrero hasta la firma de un principio de acuerdo con la empresa concesionaria, Fresenius Medical Care, "que los servicios mínimos eran abusivos y, simplemente, vulneraban el legítimo derecho a huelga de la plantilla".
"Como suele ocurrir en estos casos de servicios mínimos claramente abusivos y desmesurados, el mal ya está hecho y ya es demasiado tarde cuando la justicia te da la razón", ha agregado Fuentes.
La huelga general indefinida convocada por UGT en el servicio de diálisis de Cantabria se ha desconvocado tras alcanzarse un principio de acuerdo con la empresa concesionaria de un año de vigencia hasta mayo de 2023, que entre otras cuestiones, implica un incremento salarial de un 2,75%, una nueva regulación de los turnos de trabajo y formación para las nuevas contrataciones.
El acuerdo, según ha explicado Fuentes, estipula una gestión de los cambios de turno de trabajo, "que ya no será con criterios discrecionales y ajustada exclusivamente al interés y al deseo de la empresa, sino mediante unas condiciones determinadas que incluyen el respeto a los descansos legales entre los turnos".
