El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el TACRC, ha estimado el recurso interpuesto por la Federación Cántabra del Taxi contra el concurso de transporte escolar para el curso 2022-23 en la región y ha declarado nula una cláusula del pliego administrativo, ordenando la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a la aprobación de los mismos.
Así consta en la resolución del organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la que ha tenido acceso Europa Press, según la cual el criterio "tiempo de respuesta ante incidencias en la ejecución del servicio" impugnado favorece, de forma "muy evidente e injustificada", a aquellos que presten servicio cerca de los contratos objeto de licitación, pues "suma muchos puntos" a aquellos que tienen su autorización de transporte o su servicio regular de uso general o especial ubicado a pocos kilómetros del servicio.
Según el Tribunal, "el criterio de valoración introduce una desigualdad que es desproporcionada por discriminatoria, restringiendo con ello la libre competencia y la concurrencia entre licitadores, al otorgar una ventaja competitiva a unos operadores frente a otros".
La Federación Cántabra del Taxi ha insistido, a través de un comunicado, en su petición de división de la licitación en dos lotes diferenciados, en función del número de alumnos a transportar. En concreto, uno destinado a vehículos turismo y otro para autobuses.
De esta manera, y a juicio del colectivo, "se acabaría con la constante litigiosidad en este concurso y se evitarían las adjudicaciones a dedo a través de contratos menores".
