Los trabajadores afectados por despidos colectivos en Cantabria caen un 64,5% hasta noviembre por los ERTE

El número de trabajadores en despidos colectivos en Cantabria cayó un 64,5 por ciento entre enero y noviembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, con 89 trabajadores afectados.

Mientras, los inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada se han multiplicado por casi 11,4 en este tiempo, hasta los 9.642 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Hasta noviembre, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas se ha disparado un 787% en Cantabria en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 9.731 afectados, de los que el 99,09% (9.642) formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados en el pico máximo de abril y actualmente unos 704.000 en toda España).

En el mes de noviembre en Cantabria, solo un trabajador de un total de 460 se vio afectado por un despido colectivo ya que los 459 restantes estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada.

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DATOS NACIONALES

En España, el número de trabajadores en despidos colectivos cayó un 69,4% entre enero y noviembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, con 8.481 trabajadores afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada se ha multiplicado por casi 20,1 en el mismo periodo, hasta los 1.004.637 empleados.

Hasta noviembre, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se multiplicó por mas de trece en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.013.118 afectados, de los que el 99,16% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.

En el mes de noviembre, 1.473 trabajadores de un total de 20.719 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (19.246).

De los 1.013.118 trabajadores afectados por ERE en los once primeros meses del año, casi siete de cada diez (677.517 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 560 la del mismo periodo del año pasado (1.199 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 335.601 trabajadores hasta noviembre, casi 4,4 veces que en los once primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de noviembre, 12.331 afectados por ERE lo son por causas objetivas, mientras que 8.388 lo son por procedimientos de fuerza mayor.

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta noviembre (286.902), junto a hostelería (163.413) y actividades administrativas (132.533), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (735), el suministro de agua (2.186), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.786) y las actividades inmobiliarias (2.862).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta noviembre un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (262.927), seguida de Cataluña (186.089) y Andalucía (126.716).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 89.954 trabajadores afectados; Castilla y León, con 48.681, y País Vasco (43.911). Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (6.275) y Extremadura (8.277).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.