El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha cifrado en más de 2.100 los peces muertos por un vertido de purines detectado el pasado viernes en el municipio de Saro y que ha afectado a los ríos Pisueña y Llerana afluente éste último del primero y que ha quedado "arrasado y completamente sin vida".
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) está investigando el suceso pero las diligencias aún no se han concluido y, por ahora, no hay detenidos ni investigados, según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Según la información aportada por el Gobierno de Cantabria en un comunicado, el vertido ha afectado a 6.000 metros de río, repartidos entre el Pisueña y el Llerana, que es donde se ha detectado el origen del mismo.
Concretamente, el Pisueña se ha visto afectado en un tramo de 4.500 metros hasta el puente colgante de Ruda, en Santa María de Cayón, y el Llerana, en uno de 1.500.
Como resultado, los agentes del Medio Natural de la Consejería han recogido un total de 1.998 truchas y 49 anguilas muertas, "más un número indeterminado de peces de menor valor", como piscardos, y alevines que no se pueden contabilizar, ha detallado el Ejecutivo.
El Llerana se ha llevado la mayor afección, mientras que en el Llerana, al tener más anchura y más caudal de agua, "el impacto ha sido menor, si bien habrá que valorarlo más detenidamente", ha indicado el Gobierno.
En base a la investigación y los datos aportado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, la Consejería de Desarrollo Rural abrirá un expediente de infracción administrativa contra el infractor, que podría suponer una infracción muy grave recogida en la Ley de Pesca de Cantabria, con multas que podrían ir de 3.000 a 60.000 euros, más la indemnización que podría superar los 300.000 euros.
En el caso de la Guardia Civil, este tipo de delitos ecológicos, están recogidos en los artículos 3.25 y 3.31 del Código Penal, por lo que, en caso de abrirse la causa penal, el procedimiento administrativo se paralizaría.
Una vez que la Consejería de Desarrollo Rural tenga los datos definitivos del caso aportados por la investigación de la Guardia Civil, y una vez iniciado el procedimiento judicial, el Gobierno de Cantabria valorará si se persona en la causa.
Los agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural siguen trabajando en la zona para comprobar si el vertido ha afectado a más peces.
Además, se han encargado de conservar algunos de los cadáveres encontrados por si fuera necesario utilizarlos como prueba en los procesos judiciales que se pudieran iniciar.
Tal y como ha explicado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, "se trata de una afección bastante grave que va a tardar varios años en recuperarse".
"Vamos a iniciar las labores de recuperación y regeneración de toda la vida acuática del tramo afectado, que es muy singular desde el punto de vista de los ríos de Cantabria, al ser un espacio protegido dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Pas-Pisueña", ha indicado.
