El sindicato STEC ha reclamado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria medidas para velar por la salud de los trabajadores del ámbito docente, ya que según una encuesta que han llevado a cabo, más de la mitad del profesorado (56%) no ha recibido la propuesta del Gobierno en toda su vida laboral para realizarse un reconocimiento médico.
Y es que esta encuesta, que ha contado con la participación de más de 200 trabajadores del sector educativo -45% funcionarios de carrera y 55% personal interino- "refleja la realidad que el sindicato venía percibiendo en experiencia propia y en las visitas a los centros de Cantabria".
Así lo han asegurado este jueves en rueda de prensa los miembros del secretariado de STEC Joaquín Fernández y Miriam Gómez, quienes han detallado que la media de tiempo que tarda un docente en recibir la notificación para poder realizarse el correspondiente reconocimiento médico es de "más de 6 años", algo que a su juicio es "insostenible" y que achacan a una "falta de interés" por parte de la Administración.
"Esto incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo", ha apuntado Fernández.
Por ello, ha señalado que la Consejería de Educación debe ofertar este chequeo voluntario, como "venía llevando a cabo de forma rotatoria por los distintos centros educativos", pero "cada vez se ha ido haciendo más infrecuente, hasta el punto de suspenderse totalmente", ha lamentado.
Al menos, ha dicho, la Administración ha retomado "tímidamente" las revisiones médicas a quienes obtienen plaza de funcionarios de carrera, pero aún "son necesarias medidas para acelerar el ritmo", porque teniendo en cuenta que se ha realizado el reconocimiento "a 102 de los 8.700 docentes que hay en Cantabria", se tardaría "unos 40 años más en atender a toda la plantilla".
Por otro lado, Miriam Gómez ha recordado que la salud laboral no se reduce solo a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino que también debe ocuparse del estado psicológico, conocido como el riesgo psicosocial y representado en estrés laboral y patologías de salud mental.
A este respecto, STEC entiende que son muchos los signos de alerta del deterioro de la salud mental que muestran diversos estudios e informes, de la población en general y del profesorado en particular, que ya se venían arrastrando en los últimos años y que se ha visto empeorada con la pandemia.
"La inestabilidad en el caso de las personas interinas, las altas ratios en las aulas, el aumento de los problemas de salud mental del alumnado y la falta de recursos para dar respuesta a las mismas, son algunos de los factores que potencian ese deterioro", ha mencionado Gómez.
Por ello, ha afirmado que el sindicato ha solicitado en varias ocasiones un plan de prevención y actuación que comience con un diagnóstico de la situación, que permita diseñar acciones dirigidas a reducir la prevalencia de problemas de salud mental para toda la comunidad educativa.
En este sentido, STEC se ha adherido a la campaña estatal de "bienestar educativo" a través de su Confederación Intersindical, en el que está representada toda la comunidad educativa y que está a la espera de respuesta de la Ministra de Educación, Pilar Alegría.
En cuanto a la situación de las mujeres embarazadas, STEC lleva varios años planteando la necesidad de realizar un estudio de riesgos durante el embarazo para cada puesto de trabajo.
Según ha explicado Gómez, actualmente se valora caso a caso, lo que parece generar "más trabajo para el servicio de prevención de riesgos y más inseguridad para las mujeres embarazadas".
"Somos de las pocas profesiones que no cuentan con esta valoración y no entendemos cuáles son las resistencias de esta Consejería para determinar en qué puesto y en qué semana existe riesgo para el embarazo, independientemente de la valoración de cada caso que se realice por parte del servicio de prevención de riesgos", ha incidido.
Y ha indicado que la Ley estatal de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa europea establecen la necesidad de un plan estratégico en las empresas, para determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras embarazadas o con parto reciente a la exposición a condiciones de trabajo que puedan influir en su salud y la del feto, "algo que en nuestra empresa no existe a pesar de las reiteradas peticiones que hemos realizado".
Por todo ello, STEC ha exigido a la Consejería de Educación que se cumpla con la normativa, se realice el plan estratégico y se detalle en qué semana existe riesgo para cada puesto de trabajo.
