lunes. 26.09.2022

La reforma del Estatuto de Cantabria para suprimir aforamientos políticos inicia su andadura en el Congreso

El PRC quiere aprovechar la reforma para incorporar vía enmienda la figura del decreto ley al texto estatutario.
Foto Congreso

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para suprimir los aforamientos políticos, una reforma que inicia ahora su tramitación tras un primer intento fallido y que el PRC ha pedido que se aproveche para incorporar al texto vía enmienda la figura del decreto ley, que ya contemplan la mayoría de los estatutos, como "instrumento jurídico útil y ágil" para responder a las situaciones de urgencia.

Así lo ha solicitado el portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, que junto con sus homólogos del PP, Íñigo Fernández, y del PSOE, Noelia Cobo, ha defendido en la cámara baja la reforma que la Cámara regional aprobó en diciembre de 2017 para que los diputados, el presidente del Gobierno y los consejeros dejen de ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en nuestra Comunidad, y por el Tribunal Supremo, fuera de ella.

Los tres son de Santoña, municipio que está confinado por la alta tasa de contagios de Covid-19, y que además hoy celebra la festividad de su patronal la Virgen del Puerto, por lo que el nombre de la villa ha estado muy presente en la sesión, en la que, en clave nacional, los partidos han aprovechado para cruzarse críticas y reproches sobre la corrupción y la politización de la justicia al hilo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El debate de hoy ya se produjo en marzo de 2018 cuando el Pleno del Congreso dio luz verde, con la abstención del PP y el sí del resto de grupos, a que se iniciara la tramitación de la reforma, que quedó 'congelada' por las sucesivas convocatorias electorales.

Esta vez, junto a los tres diputados regionales han intervenido cuatro diputados nacionales por Cantabria: Pedro Casares (PSOE), Diego Movellán (PP), Emilio del Valle (Vox) y José María Mazón (PRC).

Desde la tribuna de invitados han seguido la sesión el presidente del Parlamento de Cantabria, el socialista Joaquín Gómez, y los portavoces de Ciudadanos y Vox en la Cámara regional, Félix Álvarez y Cristóbal Palacio, respectivamente.

El presidente del Parlamento cántabro, que ha recibido de camino a Madrid la noticia del fallecimiento de su padre, ha decidido mantener las reuniones que tenía previstas con las presidentas del Senado y del Congreso, y asistir a la sesión, en la que ha recibido múltiples muestras de cariño y ánimo en estos momentos difíciles.

ELIMINAR AFORAMIENTOS

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma, después de Murcia, en promover la supresión de este "privilegio de la clase política", para que los representantes de los ciudadanos "vuelvan a ser judicialmente iguales a aquellos a los que representan", según reza el texto salido del Parlamento cántabro.

Por parte de Cantabria, el primero en defender la reforma ha sido el portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, quien al igual que el diputado nacional José María Mazón, ha tenido un "emocionado recuerdo" para el regionalista Rafael de la Sierra, que "impulsó" esta reforma y la defendió por primera vez en el Congreso en el año 2018.

Hernando ha subrayado que "la reforma tiene que ir más allá" y darse también en el ámbito nacional. A la vez, ha instado a sus señorías a incorporar al texto vía enmienda un artículo que faculte a las instituciones de Cantabria a dictar y convalidar decretos leyes, un instrumento "útil y ágil para responder a las situaciones de urgencia".

Un instrumento con el que cuentan las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura,Valencia, Murcia y Navarra, y que también proyecta Madrid. "Ladilación del proceso, a veces, tiene consecuencias positivas", ha dicho Hernando respecto a la posibilidad de incorporarlo al estatuto.

Su compañero de partido y diputado nacional ha recogido el guante, ha confirmado que presentará la enmienda y ha confiado salga adelante dado que "no vamos a explorar ningún mundo nuevo". Junto a la eliminación del aforamiento, Mazón ha llamado a no judicializar la política y ha destacado la importancia de "reforzar la persecución del delito de denuncias falsas".

Mazón ha defendido que la mayoría de los políticos son personas "honradas"; ha criticado casos de "persecución política" como el que a su juicio sufrió en Cantabria el regionalista Francisco Javier López Marcano; y ha considerado que la denuncia de Izquierda Unida ante la Fiscalía por la intervención de Okuda en el faro de Ajo es "un ejemplo espúreo de judicialización de la política". "Lo suyo habría sido impugnar" el convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria "e ir por la vía administrativa", ha opinado.

Por parte del PP, el portavoz en el Parlamento de Cantabria, Iñigo Fernández, ha señalado que la justificación de la reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos fue "atender la demanda de los ciudadanos, que nos piden que seamos como ellos y pensemos como ellos". "Y aunque no es culpa de nadie", ha dicho, la realidad es que por el tiempo que ha tardado en tramitarse y el momento en que llega, "parece que no es este el asunto que más preocupa en nuestra sociedad", ha lamentado.

"Me siento mal hablando de cosas de políticos cuando en la calle pasan otras cosas y el país está destrozado", ha dicho Fernández. En la misma línea, el diputado nacional del PP por Cantabria, Diego Movellán, ha señalado que la reforma del estatuto "va a afectar a 42 personas" y ha opinado que es una "estrategia" de los Gobiernos de Pedro Sánchez y de Revilla para distraer a la opinión pública, al modo de la película 'La pesca del salmón en Yemen'.

"Los cántabros sabemos mucho de la pesca del salmón y de pasar vergüenza viendo en la televisión al presidente de Cantabria dando lecciones de buena gestión" en un programa de humor junto a dos muñecos, ha dicho Movellán, quien ha añadido que a algunos les puede parecer "gracioso" pero a los más de 38.000 cántabros en paro "seguro que no les hace ninguna gracia".

La réplica se la ha dado el diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares, quien ha afirmado que "la vergüenza para Cantabria es que Bárcenas haya sido senador del PP por nuestra tierra y hoy sea el exponente máximo de la corrupción en España; o que el PP privatizase parte del hospital Valdecilla, que tan necesario se ha mostrado en estos tiempos".

Sobre la reforma del Estatuto, ha dicho que Cantabria es hoy "una región mejor gracias a décadas de autogobierno" y la eliminación de los aforamientos "nos permite avanzar como sociedad y que los cántabros seamos hoy un poco más iguales".

En la misma línea, su compañera de partido y portavoz en el Parlamento de Cantabria, Noelia Cobo, ha afirmado que la reforma es "sensata y necesaria" y va a "ayudar a trasladar a la ciudadanía el compromiso de algunos partidos políticos con el fortalecimiento del ideal de democracia y con la mejora de la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

Por su parte, el diputado nacional de Vox por Cantabria, Emilio del Valle, ha dicho que la eliminación de los aforamientos contribuye a la despolitización de la justicia, y ha destacado que con esta reforma, Cantabria se "despoja de un privilegio y pone a los políticos al mismo nivel que el resto de montañeses".

También han apoyado la reforma del estatuto cántabro los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Unidas Podemos, mientras que Esquerra Republicana ha optado por la abstención basándose en la autonomía y derecho al autogobierno de los territorios. La formación naranja considera los aforamientos "un privilegio anacrónico e innecesario", y la morada que son "privilegios que favorecen la corrupción".

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