PRC y PSOE, que sustentan con mayoría absoluta al Ejecutivo en el Parlamento, han votado este lunes en el Pleno en contra de una moción del PP para instar al Gobierno a "respetar" los convenios suscritos con los afectados por las sentencias de derribo y pedir que a los de Argoños y Escalante se les entregue, como compensación, una vivienda de sustitución "en el propio ámbito" municipal o en el "más próximo posible".
Los 'populares' han presentado esta moción para su debate en la Cámara después de que la Consejería de Obras Públicas haya ofrecido a afectados de Escalante una vivienda de sustitución como compensación a las suyas, pero no en el propio municipio sino en Arnuero, o ser indemnizados. "Podía haberlos mandado a Potes o a Reinosa", ha ironizado el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, en la defensa de su iniciativa en el Pleno.
Y en el caso de los de Argoños, el portavoz popular ha recordado que desde el departamento que dirige el regionalista José Luis Gochicoa se ha ofrecido a los afectados directamente la indemnización por sus viviendas, no una de sustitución.
En el último Pleno ordinario del anterior periodo de sesiones, que se celebró el 21 de diciembre, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José Luis Gochicoa (PRC), explicó que se había apostado por esta salida con los afectados de ambos municipios porque en las zonas afectadas no había a disposición para construir todas las nuevas edificaciones que se precisaban.
El PP entiende que esta forma de actuar supone no cumplir los convenios suscritos, algo que considera "un error", y "darles la espalda" a los afectados de estos municipios.
Según ha indicado el portavoz del PP, en los convenios suscritos se habla de tres alternativas: En los casos que se pueda, regularizar la vivienda con sentencia de derribo y, si esta primera opción no es posible, compensar a los afectados con una vivienda de sustitución de similares características, valor y ámbito.
Y finalmente, si las dos anteriores opciones no son posibles, indemnizar a los afectados por el valor de sus viviendas y hacerlo antes de derribarlas.
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La moción del PP ha contado con el respaldo de los otros dos grupos de la oposición, Cs y Vox, pero no ha salido adelante por el voto en contra de regionalistas y socialistas, que han defendido que el Ejecutivo sí está cumpliendo los convenios, según han defendido sus diputados Rosa Díaz y Javier García-Oliva, respectivamente.
La diputada regionalista y alcaldesa de Polanco ha precisado que el Gobierno regional "no puede cumplir si los ayuntamientos no cumplen" y ha indicado que la obligación del Ejecutivo es "colaborar", en las medidas de sus posibilidades y de sus competencias en materia de urbanismo, en "impulsar" la aprobación de los planes generales, pero ha advertido que quienes los aprueban son las Corporaciones municipales.
"El Gobierno no tiene responsabilidad en que algunos ayuntamientos no hayan aprobado todavía sus planeamientos", ha señalado Díaz, que considera que "un buen ejemplo" de que el Ejecutivo sí cumple es lo ocurrido en Arnuero.
Según ha señalado, este ayuntamiento optó por aportar el suelo para la ejecución de las viviendas de sustitución ante los "problemas" que, a su juicio, podía suponer la otra vía, que era la revisión de los planes generales.
Ha indicado que, sin embargo, Escalante, Argoños, y también Piélagos, optaron por la revisión de los planes en lugar de buscar un suelo que poder ofrecer al Gobierno para construir esas viviendas".
En este sentido, considera que "de nada" sirve ni beneficia a los afectados que los partidos se "tiren los trastos", sino que considera que lo que hay que hacer es "arrimar el hombro" y "animar" a los ayuntamientos afectados "a que cumplan también".
Además, en lo relativo a la solución ofrecida a los afectados de Escalante y Argoños, ha señalado que la compensación de vivienda por vivienda en el propio ámbito o en uno próximo es "cuando sea posible".
En una línea similar, García-Oliva (PSOE) ha indicado que en los convenios con los afectados no se establece estrictamente que la vivienda de sustitución tenga que estar dentro de los límites del municipio.
También ha aludido al caso de Arnuero, un municipio que, según ha dicho, "se puso las pilas" para dar una solución a los afectados y "bastante antes que otros reaccionó". "Y tiene el problema prácticamente en vías de solución y los afectados "ven la luz al final del túnel", ha dicho.
Para García-Oliva, "el problema" de los ayuntamientos de Argoños y Escalante es que "no lo han hecho". "Estamos en febrero de 2021 y ni tienen nuevo Plan General", ha afirmado el diputado, que, además, ha señalado que, tampoco está garantizado que cuando dicho planeamiento se acabe aprobado, todas las viviendas de sustitución para los afectados puedan ejecutarse dentro de los propios municipios, con lo que cree que hay que "darles otra solución" porque, a su juicio, sería "injusto" hacer que los afectados sigan todavía "años" esperando a que se resuelvan los planeamientos urbanísticos.
A su juicio, se debe dar "la mejor solución" y con el mayor consenso pero dentro "de lo posible y lo inmediato". "No fiemos otra vez soluciones a dentro de 5 o 6 años vista porque es injusto para ellos", ha afirmado.
En relación a la vía de la indemnización, ha puesto en valor que el Gobierno PRC-PSOE haya creado el Fondo de Derribos, con cantidades anuales que, si no se gastan, se van acumulando. "Hay dinero ahora mismo para compensar en aquellos casos que las otras dos opciones, no sean posibles", ha dicho.
