La Asociación Rebotica, formada por farmacéuticos y profesionales del sector, ha presentado alegaciones a un proyecto de decreto del Gobierno, sometido recientemente a información pública, que pretende regular los servicios de farmacia hospitalaria y depósitos de medicamentos en los centros de asistencia social de la región al considerar que "genera graves perjuicios al vincular obligatoriamente a los centros residenciales a una farmacia concreta" y que "vulnera derechos fundamentales".
Los farmacéuticos alertan de que el decreto obliga a los centros de asistencia social con menos de 100 camas sin farmacia hospitalaria a vincularse a un depósito de medicamentos de un hospital del área de salud (si son públicos) o a una farmacia ubicada en la misma zona farmacéutica si esos centros son privados.
El conflicto, según la asociación, radica en la definición de "zona farmacéutica", que hace referencia a las farmacias situadas en el mismo municipio que los centros residenciales.
Según han argumentado los profesionales del sector en un comunicado, esta regulación "genera graves perjuicios al vincular obligatoriamente a los centros residenciales a una farmacia concreta".
Una medida que, en caso de ser finalmente aprobada por el Gobierno, "vulneraría derechos fundamentales para los ciudadanos como la libertad de empresa, la libre competencia y la libertad de contratación, obligando a rescindir contratos con farmacias de confianza para suscribir nuevos acuerdos que podrían no cumplir con las expectativas o necesidades de los centros".
Otro aspecto "preocupante" que alega Rebotica es la afectación directa a los residentes, es decir los destinatarios finales de los medicamentos y, por tanto, quienes tienen derecho a elegir libremente su farmacia.
Al "imponerse la vinculación a una farmacia específica, se estaría vulnerando el derecho a la libertad de elección del consumidor", sostiene la asociación.
Esta red de boticarios también tiene en cuenta el impacto económico que sufrirán muchas farmacias que han realizado importantes inversiones para ofrecer atención especializada a las residencias. Especialmente en zonas rurales, donde las farmacias dependen de estos contratos para mantenerse operativas, y el decreto "podría derivar en su cierre y en la pérdida de empleos en dichos municipios".
La asociación defiende que el modelo "más adecuado" para garantizar el buen funcionamiento de los centros residenciales y el derecho de elección es la libre elección de farmacia por parte de los centros sociosanitarios, circunscribiendo la zona farmacéutica al ámbito provincial o autonómico.
Este modelo, que ya se ha implementado con éxito en el País Vasco, garantiza la libertad de contratación de las residencias, la continuidad y calidad del servicio farmacéutico y la sostenibilidad de las farmacias en zonas rurales y urbanas.
"Instamos a las autoridades a reconsiderar la redacción del Decreto para evitar consecuencias negativas en el funcionamiento de los centros y en el futuro de las farmacias, especialmente en zonas rurales donde son un servicio esencial", subraya la asociación.
