La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la condena al cliente de una clínica veterinaria por la que deberá indemnizar al dueño del centro con cerca de 35.000 euros por contenidos "injuriosos, calumniosos y amenazantes" en Internet y a que dé instrucciones y autorice al buscador Google a retirar dichas afirmaciones.
Así consta en una sentencia, de la Sección Segunda y consultada por Europa Press, que confirma una previa del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, aunque se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el implicado.
De este modo, se revoca en parte el fallo anterior, en el sentido de que la indemnización deberá ser abonada únicamente al propietario del Hospital Veterinario Cantabria y no a las otras dos profesionales que presentaron con él la demanda.
En la resolución, consultada por esta agencia y que admite recurso por interés casacional y extraordinario por infracción procesal, la Sala concluye dando la razón al condenado, en el sentido de que la indemnización no puede ser reconocida para todos los demandantes, sino tan solo para el titular de la clínica.
Añade que la misma "lo es tan solo por las consecuencias económicas causadas en el negocio, consecuencias que obviamente repercuten directamente en su titular".
Respecto al importe de la indemnización, la Sala comparte el criterio del juez de instancia, que se basó en un informe emitido por un economista y auditor que fijó el daño causado en un total de 38.773 euros, importe disminuido en un 10%, hasta 34.895 euros, por concurrencia de otros comentaros negativos ajenos al litigio.
"Cierto es que coetáneamente a la actuación del demandado existieron otros comentarios desfavorables sobre el Hospital Veterinario Cantabria en las redes sociales", admite la Sala, que no ve "motivos para entender que contribuyeron a la disminución de las ventas del negocio en un porcentaje superior a la resolución recurrida".
La demanda contra el cliente obedeció a que, tras anunciar que les "machacaría" en redes sociales, "cumplió su amenaza y orquestó de forma intencionada una campaña de descrédito de la clínica", según resolvió el juez de instancia, que también ordenó el "cese en la intromisión ilegítima del derecho al honor de los demandantes", por "contenidos injuriosos, calumniosos y amenazantes" proferidos por el demandado, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en la web del hospital veterinario.
El magistrado recordaba además que el implicado ya había sido condenado por vía penal como autor de un delito leve de amenazas como consecuencia de una querella que presentaron los tres veterinarios contra él.
"Muchas personas relacionadas con el denunciado hicieron comentarios negativos en Internet sobre la clínica, pese a que la mayoría de ellos no habían acudido nunca" a la misma y carecían, por tanto, de elementos para hacerlos, según se consideró probado en su momento.
DENUNCIÓ DIAGNÓSTICO ERRÓNEO Y EXIGIÓ LA DEVOLUCIÓN DE 55 EUROS
Los hechos derivan de cuando la pareja del demandado llevó al perro a la clínica, donde le realizaron un examen general, le tomaron la temperatura y propusieron ulteriores pruebas de diagnóstico y tratamiento sintomático.
Ese mismo día, el hombre llevó al can a otra clínica donde, tras realizarle varias pruebas, concluyeron que tenía una infección de orina.
Cuatro días después de la visita a la clínica de los demandantes, el dueño volvió para solicitar la hoja de reclamaciones, "denunciando un diagnóstico erróneo y la devolución de los 55 euros abonados".
Ante la negativa de los veterinarios a reembolsar el importe de la consulta, el condenado les amenazó con 'Os vais a enterar, os voy a hundir, os voy a machacar en las redes sociales'".
Días después, apareció una reseña negativa en la página web de 'Google My Business' y durante los días inmediatamente anteriores y posteriores se colgaron otras muchas por parte de la pareja del demandado, sus hermanos, familiares, amigos y compañeros de trabajo
Así las cosas, durante ese periodo de tiempo la clínica "sufrió pérdida relativa de sus ingresos", como consta en la prueba documental aportada al procedimiento y cifrada en 38.773 euros, cuantía con la que el cliente demandado deberá indemnizar al dueño.
