Prorrogado hasta octubre el refuerzo del Juzgado 5 de Santander por la trama de Carreteras

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria ha prorrogado durante tres meses más, hasta el próximo octubre, el refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander por la investigación de la presunta trama de Carreteras, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios.

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria ha prorrogado durante tres meses más, hasta el próximo octubre, el refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander por la investigación de la presunta trama de Carreteras, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios.

En concreto, y según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso, el nuevo refuerzo estará vigente hasta el 30 de septiembre, tras dos prórrogas anteriores de seis meses cada una.

Consiste en una funcionaria que apoya a la gestora encargada de esta compleja causa y que seguirá reforzando el órgano judicial a lo largo de este verano.

Por lo demás, continúa la instrucción del procedimiento, que se mantiene prorrogado, también por ahora hasta el próximo mes de octubre.

La anterior prórroga de la investigación, de seis meses, se acordó ante la previsión de recibir numerosos informes periciales y para poder ratificar uno económico que fue aportado por la defensa del principal investigado en la causa, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas que estuvo encarcelado durante unos seis meses y que fue apartado de su puesto de trabajo en la Consejería.

La jueza también estaba pendiente de un informe encargado a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV) sobre el contenido del documento anterior y tenía previsto recibir el que analiza el material informático intervenido en las diferentes diligencias de entrada y registro que se practicaron en 2023 (el caso se destapó en febrero), así como el informe final del grupo policial que realizó esas operaciones, con las correspondientes diligencias de imputación de los investigados.

Una vez recabados los citados informes periciales, había que practicar nuevas diligencias, como una nueva declaración de los investigados, entre ellos el funcionario Miguel Ángel Díaz, presunto cabecilla de la red y al que se atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.

En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla un plazo habitual de doce meses para realizar la instrucción desde el inicio del procedimiento pero ante la complejidad de este caso y la imposibilidad de finalizar las pesquisas en el periodo establecido, se han acordado sucesivas prórrogas de investigación que, por ahora, se mantiene hasta octubre, así como el refuerzo del juzgado.

PIEZA SEPARADA EN GESVICAN

Además, durante la instrucción de esa causa, por la supuesta trama de Carreteras, se ha abierto una pieza separada del caso, por presunto fraude en la contratación pública y cohecho, que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santander.

Entre los investigados en este segundo supuesto figura personal de la empresa Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.