El PRC pide extender a más municipios rurales la gratuidad del transporte para estudiantes de Bachillerato y FP

El Partido Regionalista de Cantabria quiere ir "un paso más allá" en el "importantísimo camino" abierto este curso por la Consejería de Educación y Formación Profesional en "defensa de nuestros pueblos" y abogan por extender a más municipios el servicio gratuito de transporte para estudiantes no universitarios de etapas postobligatorias (Bachillerato y Formación Profesional).

Así se lo han transmitido al director general de Centros del Gobierno de Cantabria, Jesús Oria, los alcaldes de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero; Escalante, Francisco Sarabia; Hazas de Cesto, Alejandro Llano; Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, y Solórzano, Gema Perojo.

Para los regionalistas, la medida adoptada por el Ejecutivo cántabro va "en la dirección correcta" porque supone garantizar una "igualdad de derechos real a los estudiantes de las zonas rurales". Por eso, defienden que es imprescindible "dar pasos firmes para que, cuanto antes, se extienda a todo el ámbito rural cántabro" y este objetivo requiere, sostienen, que en el curso 2022-2023 se amplíe la gratuidad del servicio a más estudiantes del ámbito rural.

Tras el encuentro, se han mostrado "satisfechos" porque, han explicado, el compromiso de la Consejería es "seguir avanzando" en esta política, "conscientes de su importancia para el alumnado y familias de las zonas rurales". Según han explicado, el director general les ha trasladado que el Servicio de Centros está en estos momentos analizando las rutas y las distintas posibilidades para acometer la segunda fase de este proyecto en el próximo curso, 2022-2023.

Tal y como han recordado los regidores, la Consejería dirigida por Marina Lombó implantó este curso la gratuidad del servicio de transporte a los estudiantes de Bachillerato y FP de núcleos rurales, un servicio no incluido hasta ahora y que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.

La Orden del transporte escolar establece la gratuidad del transporte para los estudiantes de enseñanzas obligatorias que estudian en un municipio distinto al de residencia y a una distancia superior a los dos kilómetros. Un servicio al que se destinan más de 18 millones de euros anuales.

En este primer curso se han beneficiado de la medida más de 300 alumnos que residen en 148 núcleos rurales distintos, ha informado el PRC en nota de prensa.