La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá una iniciativa en el Parlamento para proponer la convocatoria de ayudas nominativas de hasta 4.000 euros, con el fin de fomentar la instalación de establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación de proximidad en municipios con alta dispersión territorial y núcleos de población inferiores a 300 habitantes.
Así lo ha dado a conocer este miércoles en Mirones, donde también ha presentado las alegaciones presentadas por el Partido Regionalista al anteproyecto de Ley de lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico, encaminadas a "garantizar los derechos" de la población rural y evitar que la futura norma quede reducida a "un mero instrumento declarativo, sin protección suficiente de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda".
Fernández ha comparecido públicamente junto al alcalde de Miera, el también regionalista José Miguel Crespo, para presentar ambas iniciativas, cuyo objetivo es -según ha explicado- continuar las políticas de lucha contra el despoblamiento iniciadas durante la pasada legislatura, gobernada por PRC-PSOE y en la que estas competencias dependían de la Consejería que dirigía la regionalista.
A su juicio, las ayudas para bares impulsadas por el actual Gobierno (PP) resultan "claramente insuficientes", por sus limitaciones de cuantía, alcance, requisitos y "capacidad real para mantener estos servicios", en un contexto marcado por el incremento de los costes energéticos, los problemas de relevo generacional, la escasa rentabilidad derivada de la baja densidad poblacional y las dificultades para contratar personal o modernizar las instalaciones.
Su propuesta plantea por ello un cambio de orientación y la concesión de subvenciones nominativas adaptadas a la realidad económica y social del medio rural para aquellos establecimientos que mantengan una actividad efectiva, tanto bares como otros locales de hostelería, cafeterías, tiendas de alimentación y supermercados de proximidad.
Asimismo, defiende "criterios de valoración positiva y líneas de ayuda reforzadas" para los establecimientos que presten servicios complementarios a la población rural, especialmente "reparto a domicilio de productos básicos a personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad".
LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Por otro lado, la candidata del PRC ha puesto en valor las 16 alegaciones presentadas por el PRC al anteproyecto de Ley de Lucha contra la Despoblación sometido a exposición pública por el Ejecutivo, todas ellas encaminadas a reforzar el carácter "garantista" de la futura norma.
Ese enfoque, prioritario en el proyecto que elaboró el anterior Gobierno en 2023, ha sido sustituido ahora por "un catálogo genérico" de medidas administrativas, por lo que los regionalistas quieren "recuperar el reconocimiento expreso de los derechos de los vecinos" en aras a asegurar "la igualdad real en el acceso a servicios públicos y oportunidades".
"La ley que han presentado retrocede en derechos y garantías y no incluye suficiente protección de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda", ha precisado Fernández.
ALEGACIONES
Por ello, las alegaciones introducen medidas como una cláusula de "no regresión territorial", para impedir reducciones injustificadas de servicios públicos esenciales en el medio rural, y la obligación de motivar cualquier reorganización administrativa que afecte a los municipios en riesgo de despoblamiento.
También incorporan la exigencia de que todas las iniciativas normativas, presupuestarias o de planificación territorial incluyan una evaluación previa de impacto demográfico cuando puedan afectar al medio rural.
Respecto a los servicios públicos, el PRC defiende el transporte a demanda como garantía específica de movilidad para los municipios sin conexiones suficientes con centros sanitarios, educativos o administrativos y reclama refuerzos para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, con criterios específicos para la organización de citas, horarios y desplazamientos, sobre todo en atención primaria, pediatría, enfermería y atención a personas mayores o dependientes.
En el ámbito de la vivienda, pide medidas para facilitar la rehabilitación y recuperación de casas vacías o deterioradas, mediante ayudas, incentivos fiscales, simplificación administrativa y tramitación preferente, así como la adaptación de las políticas de eficiencia energética a las singularidades de la vivienda tradicional de los núcleos rurales.
La conectividad digital es otro de los derechos que los regionalistas quieren preservar por su carácter "esencial" para la cohesión territorial, con medidas que aseguren la cobertura móvil y el acceso a Internet de alta velocidad en todos los municipios.
Las alegaciones defienden además un refuerzo del control parlamentario para asegurar el cumplimiento de la futura ley, mediante un debate anual sobre el grado de ejecución de las medidas, la financiación asignada y la evolución demográfica de los municipios afectados.
Por último, el PRC plantea mecanismos específicos de financiación territorializada y medidas fiscales dirigidas a favorecer la residencia, el emprendimiento, la actividad económica y la rehabilitación de vivienda en los municipios en riesgo de despoblamiento.
