jueves. 08.12.2022

El Partido Popular defenderá en el pleno del Parlamento de Cantabria del 7 de noviembre una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno PRC-PSOE la aprobación de un Plan de Acción para la Inclusión Social, con medidas de choque que consigan reducir la tasa de pobreza en Cantabria en, al menos, 40.000 personas en los próximos tres años.

La diputada del PP Isabel Urrutia, que defenderá la iniciativa, ha recordado en nota de prensa que el Gobierno de Cantabria "dijo el año pasado sí a esta propuesta" formulada por el PP a través de una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma, sin embargo en las cuentas para el próximo ejercicio "la partida vuelve a aparecer con la misma cantidad porque no han hecho nada".

Urrutia ha advertido de que los informes de la EAPN (European Anti-Poverty Network) y de organizaciones como Cáritas reflejan que el empobrecimiento "se está cronificando y está pasando a ser un problema estructural, por lo que las medidas son más necesarias que nunca".

Así, ha señalado que los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social "no son nada alentadores: uno de cada cinco cántabros está en riesgo de pobreza", y que el dato de este año "sea mejor en Cantabria, no quiere decir que estemos mejor que hace años ni que la situación esté mejorando, porque seguimos teniendo un porcentaje de pobreza mayor que las comunidades autónomas cercanas del norte de España", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que en Cantabria el porcentaje de población en riesgo de pobreza "es hoy mayor que en el año 2015 o en el 2019", y que hay que tener en cuenta que los datos de la Tasa AROPE (tasa de riesgo de pobreza o exclusión social) del 2021 se realizan con la renta del 2020, "por lo que la situación se verá empeorada ante el actual aumento de la inflación de precios, energía y combustible, entre otros".

Para revertir esta situación cuanto antes, el PP propone que el Plan incluya líneas estratégicas y objetivos de actuación coordinadas y conjuntas de todos los departamentos del Gobierno (empleo, industria, comercio, educación, sanidad, servicios sociales, etc.) y que permita, además, la colaboración de las entidades públicas y privadas que atienden a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

"Tenemos que actuar ante la difícil situación que muchos hogares cántabros están pasando o que van a vivir este invierno con la subida de precios en bienes básicos como la luz, el agua, los alimentos o el combustible. No podemos mirar para otro lado como sí está haciendo el Gobierno, con una pasividad preocupante sin tomar medidas de acción, colaboración y coordinación para paliar la situación de pobreza de cada día más hogares de Cantabria", ha dicho la diputada.

Urrutia ha recordado que el PP ya aprobó un Plan de Acción para la Inclusión Social en el año 2014 realizado por quienes conocían de primera mano esta situación, profesionales, entidades y expertos, "pero la coalición PRC-PSOE lo escondió en un cajón" y desde el año 2018 "no hay en Cantabria ningún instrumento de planificación para la inclusión social y la situación actual requiere de esta planificación".

La diputada ha señalado que, como el propio informe de EAPN reconoce, la calidad de vida de las personas depende de las distintas estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la administración; "y es ahí donde pedimos al Gobierno de Cantabria coordinación y colaboración con el Estado y con las entidades locales", ha precisado.

Asimismo, en su proposición no de ley, el PP pide ampliar, mejorar y fomentar las medidas recogidas en el Plan de Lucha contra la Pobreza infantil y tramitar de forma anticipada todas las convocatorias de ayudas que tengan como objetivo la inclusión social de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

"En este tema no vale poner la venda después de la herida. Hay que prevenir que la población en riesgo de pobreza o exclusión social aumente y eso solo se ataja con políticas activas", ha concluido.

El PP reclama la aprobación de un Plan de Acción para la Inclusión Social
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