El Partido Popular ha registrado en el Parlamento regional una batería de preguntas al Gobierno sobre sus planes para reducir la temporalidad en el empleo público, que según los populares alcanza un 38,73 por ciento en la Administración de Cantabria.
El PP recuerda en un comunicado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha calificado como fraude de ley la política de contratación que las administraciones públicas españolas llevan realizando durante más de 25 años, en varias sentencias, la última dictada el pasado 3 de junio contra el abuso de interinos.
Por ello, quiere conocer el impacto que este fallo tiene en la comunidad autónoma, ha señalado la diputada Isabel Urrutia, que ha destacado las tasas de interinidad "preocupantes" que registra Cantabria, tanto en el ámbito funcionarial como en el laboral, "con personas que llevan ocupando estos puestos, en algunos casos, desde hace 25 años, y la mayoría en los más de tres años que marca la ley para la resolución de las diferentes Ofertas de Empleo Público".
Y ha advertido de que las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Europeo y la situación de los empleados de la Administración que "tras muchos años de trabajo temporal se pueden encontrar ahora en la calle, obligan a que el Gobierno de Cantabria tome medidas para dar solución al problema de la temporalidad en el empleo público, puesto que se están comenzando a producir las primeras demandas de los interinos para que se les reconozca el carácter de fijo".
En este sentido, ha señalado que el Estatuto Básico del Empleado Público recoge algunos instrumentos de solución de este tipo situaciones, instrumentos de carácter excepcional, más allá de la solución general que es la convocatoria de ofertas públicas de empleo. Soluciones que "deben respetar", recuerda, los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución.
Por todo ello, el Grupo Popular se preguntará al Gobierno si considera que el personal funcionario interino y el laboral indefinido no fijo o temporal, cuyo nombramiento o contrato supera los tres años, respectivamente, se encuentran en fraude de ley; y si tiene previsto retirar de la Oferta Pública de Empleo las plazas que están ocupadas por personal funcionario interino y el laboral que se encuentran en fraude de ley según ha determinado la justicia de la Unión Europea.
Asimismo, preguntará si el Ejecutivo va a convertir al personal funcionario interino y el laboral en personal fijo, como solicitan diferentes organizaciones sindicales y según lo que ha determinado la justicia de la UE afirmando que se encuentran en fraude de ley; y si considera que las demandas que estos empleados públicos están presentando ante los juzgados para que se reconozca su carácter fijo podrán tener repercusión en los nombramientos de los aspirantes que superen los procesos selectivos actualmente en ejecución.
Y también quiere conocer la postura del Gobierno respecto a la propuesta realizada por el ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, sobre la contratación de interinos por tiempo no superior a tres años en una futura regulación de los empleados públicos en España.
