El PP ha registrado una proposición no de ley (pnl) en el Parlamento para que se excluya a las microempresas agroalimentarias de la aplicación del próximo real decreto sobre criterios de calidad del agua de consumo humano porque, según sostiene, los nuevos requisitos que establece darán "la puntilla" a estas pequeñas producciones.
El diputado y portavoz del Grupo Popular en materia de Alimentación, Pedro Gómez, ha explicado que actualmente las microempresas alimentarias aplican una serie de controles y analíticas del agua que utilizan en cumplimiento de la normativa higiénico sanitaria europea, ha indicado el PP en nota de prensa.
Según ha dicho, estos controles suponen un desembolso económico "muy importante" para pequeñas producciones, como pueden ser las queserías artesanas y de campo, cerveceras artesanales u obradores de productos como sobaos o quesadas, entre otras actividades.
Gómez ha señalado que en diciembre de 2020 se publicó una directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano que plantea la posibilidad de eximir a la industria agroalimentaria del cumplimiento de la normativa.
Sin embargo, ha añadido que en la transposición de esta directiva a la normativa nacional mediante un nuevo Real Decreto "no se lleva a la práctica esa excepción y se sigue incluyendo el agua de uso en la industria alimentaria".
El diputado 'popular' ha aclarado que el hecho de estar fuera del ámbito de aplicación de esta normativa "no es óbice en ningún caso para que el agua de uso en estas empresas alimentarias deje de controlarse eficazmente en el contexto de la normativa europea sobre higiene alimentaria".
En este sentido, ha apuntado que "todas" las empresas alimentarias aplican planes de autocontrol para garantizar la seguridad de los alimentos que elaboran.
En la proposición no de ley, el PP insta al Gobierno de Cantabria a solicitar al central la exclusión de las microempresas agroalimentarias del ámbito de aplicación del próximo real decreto por el que se establecen los criterios técnico sanitarios del suministro y control de la calidad del agua de consumo, debido al "difícil encaje legal" en el mismo.
"Las obligaciones que establece el nuevo real decreto van a ser un obstáculo de difícil cumplimiento para las microempresas agroalimentarias por sus especiales características, con el consecuente impacto en nuestro desarrollo rural por el cese de actividades o la imposibilidad de comenzar nuevos proyectos", ha afirmado Gómez.
Para el diputado, supone un "nuevo agravio" para el sector primario, que se suma a la protección del lobo, la "nula" gestión del problema de los purines, la "mala" negociación de las ayudas de la PAC o la "falta" de soluciones ante los bajos precios de productos como la leche y el "altísimo" coste de las materias primas.
"Va siendo hora de que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaje por facilitar la implantación y subsistencia de negocios en nuestro medio rural, en lugar de ir poniendo palos en las ruedas de los emprendedores que hacen imposible la viabilidad de esos negocios", ha concluido.
