El PP defiende "la conveniencia" del proyecto de decreto de pisos turísticos e invita a presentar alegaciones

El diputado regional y portavoz de Turismo del Partido Popular, Alejandro Liz, ha defendido "la conveniencia" del proyecto de decreto que está en consulta pública para regular el fenómeno de la vivienda turística y ha invitado a la participación en la fase de alegaciones.

En un comunicado, Liz ha afirmado que el texto del Gobierno regional "da certeza y seguridad jurídica" a los interesados y conjuga la salvaguarda de los derechos de los vecinos con el respeto a la propiedad privada y el derecho de los propietarios a sacar redimiento a sus inmuebles.

En este sentido, ha considerado "infundadas" las críticas de los partidos de la oposición a un documento que "ha buscado el mayor consenso posible con todos los agentes del sector, municipios y asociaciones" y que se encuentra en fase de alegaciones.

Por ello, les ha invitado a "dejarse de soflamas en los medios2 y a realizar cuantas alegaciones consideren oportunas para mejorar y enriquecer el texto. "Que aporten o que aparten", ha dicho.

En este sentido, al diputado le llama la atención que regionalistas y socialistas critiquen el proyecto cuando de cara a su elaboración solo el Ayuntamiento de Santander y el de Arnuero, ambos del PP, han realizado propuestas, pero ninguno del PRC o del PSOE.

Además, le resulta "curioso" que el PRC, "al que le faltó el coraje de sacar adelante una propuesta regulatoria de las viviendas turísticas en diciembre de 2022 por la cercanía de las elecciones", reproche al actual Gobierno falta de ambición de la propuesta actual o la supuesta tardanza en sacarlo. "Falto de ambición e inútil fue el decreto aprobado por el bipartito PRC-PSOE en 2019, vigente en la actualidad, porque no tuvieron el valor de reformarlo", ha afirmado.

El portavoz de Turismo del PP ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "ha llegado tan lejos como le permiten sus competencias" en esta materia porque solo tiene facultades de "ordenación turística" y que "nunca" va a invadir competencias que nos son suyas: la regulación económica o fiscal corresponde al Gobierno de España y la regulación urbanística corresponde a los ayuntamientos.

Así, en el caso de los ayuntamientos, ha dicho que este borrador no invade la autonomía municipal y otorga libertad a cada consistorio para regular en función de sus necesidades. "En Cantabria cada zona tiene su singularidad y nadie mejor que los ayuntamientos para ordenar lo que les es propio y que saber qué necesidades tiene o cuántas viviendas quieren o no. No son iguales las necesidades de Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal o Comillas, que de San Vicente de la Barquera, Noja o Laredo", ha afirmado.

Finalmente, ha calificado como "una falacia" que el problema que sin duda existe con el parque de viviendas en alquiler sea por las viviendas de uso turístico, puesto que en Cantabria existen unas 5.000 y, sin embargo, hay cerca de 50.000 viviendas vacías.

A su juicio, lo que dificulta el alquiler de larga duración es la legislación de la vivienda que propugna el Gobierno de Pedro Sánchez, "que protege más al inquilino moroso o al okupa que al legítimo propietario que no se atreve a alquilar su inmueble en estas condiciones o la alquila por temporada exclusivamente". "Que dé seguridad a los propietarios y el alquiler para fijo aumentará su oferta", ha concluido.