jueves 21/10/21

El PP de Cantabria demanda un "rescate urgente" del sector comercial

El diputado del PP, Vidal de la Peña

El Partido Popular de Cantabria demanda un rescate urgente del sector comercial, por considerar que se encuentra en una situación "desesperada" ante la cual la Dirección General de Comercio se muestra "totalmente inoperante".

Así lo expondrá este jueves el diputado del PP, Lorenzo Vidal de la Peña, que planteará una batería de preguntas en la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Parlamento sobre la actuación de la Consejería en relación a este sector.

En nota de prensa, De la Peña ha explicado que el sector del comercio registra una caída del índice de negocios del -6.66, y el índice de ocupación del comercio al por menor del -2,42, en una tendencia "claramente descendente", que sitúa "de nuevo a Cantabria en una de las comunidades con las peores cifras".

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Para el PP, la Dirección General de Comercio está resultando "totalmente inoperante" en esta materia y muestra de ello, según dice, es que las preguntas que planteará Vidal de la Peña se debatirán "casi cuatro meses después de haber sido registradas".

Las iniciativas del Grupo Popular reclaman un Plan de Choque para el comercio que incluya planes de reconversión para aquellos que tengan que cerrar, oficinas técnicas de apoyo, más acciones coordinadas con ayuntamientos y cámaras de comercio y "la escucha" de la Mesa de Diálogo Social, "que no sabemos a que esperan para convocarla para este y otros temas de igual calado y urgencia".

El PP sostiene que el comercio es uno de los sectores con mayor número de trabajadores acogidos al ERTE, y ahora "que tratan de recuperar su actividad, asumir el coste de la finalización de esos ERTE pondría el riesgo de cierre del 50% del sector".

Además, señala que el sector está haciendo frente a costes "sobrevenidos" por la crisis sanitaria, que "están dañando su competitividad y lastran su recuperación".

Por ello, De la Peña reclama "un plan de protección rescate", señalando que los nuevos costes de origen regulatorio que el comercio en España soporta anualmente ascienden a 1.774 millones de euros, 514 relacionados directamente con la adaptación de medidas de seguridad anti-COVID.

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