Podemos reclama a Educación que "ponga coto a las cuotas ilegales" a familias que aplican los centros concertados

Triacastela, Lugo. Comienzo de las clases en educación primaria en toda España. En Triacastela, los alumnos y alumnas del CEIP Eduardo Cela Vila acuden el primer día a las aulas. Triacastela mantiene dos aulas abiertas en el colegio, una que agrupa a los alumnos de infantil y otra que agrupa a los de primaria, hasta sumar en total 19 alumnos que mantienen la matrícula del pasado curso.
photo_camera Triacastela, Lugo. Comienzo de las clases en educación primaria en toda España. En Triacastela, los alumnos y alumnas del CEIP Eduardo Cela Vila acuden el primer día a las aulas. Triacastela mantiene dos aulas abiertas en el colegio, una que agrupa a los alumnos de infantil y otra que agrupa a los de primaria, hasta sumar en total 19 alumnos que mantienen la matrícula del pasado curso.

Podemos Cantabria ha insistido en su reclamación a la Consejería de Educación para que cumpla y haga cumplir la Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) y "ponga coto" con ello a las "cuotas ilegales" que los centros concertados aplican a las familias.

La reclamación de la formación se apoya en el texto de la Ley, que "no da lugar a dudas a este respecto" en su artículo 88, de Garantías de gratuidad de la LOMLOE.

En un comunicado, el secretario de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha señalado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el curso 2020-2021, último del que se tienen datos, las familias cántabras desembolsaron de media 742 euros "en concepto de cuotas ilegales".

Según González, a Podemos le "consta" que, actualmente, esta práctica se sigue llevando a cabo e incluso puede "haber aumentado dicha cantidad".

Para la formación morada, "no puede ser que se cobren cuotas a las familias por los arreglos en las infraestructuras" ya que esta práctica "vulnera la expresa prohibición de la LOMLOE", ni abonos extras en concepto de actividades "cuyo fin es, antes que nada, dejar fuera al alumnado cuyas familias no pueden costeárselo".

En este sentido, González ha subrayado que, ahora que la ley protege a estas familias, el consejero de Educación, Sergio Silva, debe tomarse "en serio" las denuncias que las asociaciones de padres, así como diversos medios de comunicación y sindicatos, llevan años realizando.