Podemos Cantabria ha denunciado que el Gobierno autonómico ha rechazado "de forma sistemática" las más de 150 alegaciones presentadas por la formación en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Vivienda, así como la propuesta alternativa de ley registrada por el partido, de modo que la futura normativa "convierte un derecho en un negocio".
En un comunicado, la formación ha denunciado este miércoles, un día después de que el Gobierno de Cantabria (PP) aprobara el proyecto de Ley de Vivienda, que todas sus alegaciones han sido descartadas "con la simple coletilla de que se trataban de planteamientos alejados de un punto de vista liberal".
Según Podemos, el Ejecutivo regional "ha optado por una visión puramente mercantilista de la vivienda, tratándola como un bien de negocio y no como un derecho fundamental reconocido en la Constitución".
En este sentido, ha alertado de que el anteproyecto "ignora medidas esenciales" como son a su juicio el control de los precios del alquiler, la ampliación urgente del parque público de vivienda o la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, "dejando desprotegidas a miles de familias cántabras que hoy sufren la crisis de acceso a la vivienda".
La coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha afirmado que "esta ley demuestra que el Gobierno de Cantabria no quiere garantizar un derecho, sino blindar el negocio inmobiliario. Rechazan regular los alquileres, proteger a las familias frente a los desahucios y ampliar el parque público. Están legislando para los especuladores y no para la gente trabajadora".
Podemos ha recordado que presentó alegaciones a la práctica totalidad de los artículos de la ley, incluso registró una propuesta alternativa de ley de vivienda. Sin embargo, todas sus aportaciones fueron rechazadas, a excepción de la aceptación parcial de la figura del alquiler colaborativo y la corrección de una referencia legislativa obsoleta.
Para la formación, este balance evidencia "la absoluta falta de ambición social del anteproyecto" y confirma que el texto impulsado por el Gobierno "se olvida de que la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución y la reduce a una mercancía sometida a la lógica del mercado".
Podemos ha denunciado además que el anteproyecto "mantiene una visión punitiva en materia de inspecciones" y aborda la cuestión de la okupación "únicamente desde una perspectiva sancionadora, sin tener en cuenta su vínculo con la emergencia habitacional". "El Gobierno prefiere blindar la especulación inmobiliaria en lugar de garantizar un techo digno a quienes lo necesitan", ha concluido.
