El Parlamento propone para el CES a AMEC, CERMI, Fundación del Metal y Cámara de Comercio

Pleno del Parlamento de Cantabria

El primer Pleno del nuevo periodo de sesiones en el Parlamento de Cantabria ha comenzado con una propuesta conjunta de los cinco grupos parlamentarios, aprobada por asentimiento, para que formen parte del Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria colectivos e instituciones como AMEC, CERMI, Fundación del Metal o la Cámara de Comercio.

En concreto, se trata de la presidenta de Mujeres Empresarias de Cantabria, Eva Fernández Cobo, y la presidenta del CERMI, Mar Arruti Bustillo, a propuesta del Grupo parlamentario Regionalista.

También la Fundación del Metal, representada por José Francisco Martínez a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista; la Cámara de Comercio, en la persona de Alfredo Salcines, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular; y Asociaciones y Colectivos Ciudadanos, representados por Leticia Díaz Rodríguez a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto (Vox).

Los partidos con representación en el Parlamento regional consideran asimismo importante, en caso de que no estuvieran representados por otros miembros designados en el CES, la presencia de los colegios profesionales de Economistas y Abogados, COERCAN, PECCA y la Asociación Empresarial de Hostelería.

REGLAMENTO DE COSTAS

El Pleno ha rechazado este lunes, con los votos de PRC y PSOE, la moción del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que suspenda la elaboración del nuevo decreto de desarrollo de la Ley de Costas.

Ciudadanos y Vox han apoyado la propuesta al coincidir con el PP en que el borrador planteado por el Ministerio "vuelve a crear un problema donde ya no lo había" al limitar a un máximo de 75 años la vida de las concesiones en dominio público marítimo terrestre, incluidas las prórrogas, lo que según el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, puede abocar "al cierre de negocios que suponen como mínimo el 4% del PIB de Cantabria".

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha subrayado que los afectados son "cientos", y "pueden ser miles si se revierte la prórroga de las concesiones" aprobadas hasta 2018. A la vez, ha acusado a la coalición PRC-PSOE de "darles la espalda", "unos por convicción -los socialistas- y otros porque se lavan las manos", ha dicho en alusión a los regionalistas.

Por parte de los grupos que sustentan al Gobierno, Javier García Oliva (PSOE) ha explicado que la modificación del decreto de desarrollo viene originada por varios informes del Consejo de Estado primero, y de la Abogacía del Estado después, que señalan "incoherencias e incorrecciones" en el reglamento que desarrolla la reforma de la Ley de Costas aprobada por el PP en 2013.

Y Francisco Ortíz (PRC) ha señalado que son "unos 50 o 60 casos" los expedientes en tramitación para la prórroga de concesiones, una cifra "sin duda importante pero muy alejada de la señalada por el PP", al que ha pedido "prudencia y mesura", y ha añadido que "no hacer nada", como en su opinión proponen los populares, "no es lógico ni responsable" porque los afectados "están esperando un cambio que les aporte seguridad jurídica".