La Audiencia de Cantabria ha suspendido el juicio previsto este martes al acusado de violar a una menor, de 17 años, tutelada por la administración y con la que contactó por Instagram, al no comparecer el hombre en la vista, por lo que se va a dictar orden de búsqueda, detección y, previsiblemente, ingreso en prisión.
La Sala de la Sección Primera de la AP dictará la correspondiente resolución después de el procesado no haya asistido esta mañana al juicio, pese a haber sido citado en tiempo y forma, y tras oír a las partes: fiscal, letrada del Gobierno regional -que ejerce la acusación particular- y que han pedido el encarcelamiento, y defensa.
Las dos primeras han solicitado que, una vez se localice y detenga al sospechoso, natural de República Dominicana, se decrete su ingreso en prisión, mientras que la defensa ha interesado únicamente que se señale de nuevo el juicio -no se podrá celebrar antes de abril- pero sin adoptar ninguna medida adicional.
El representante del ministerio público -que pide cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal- ha apoyado precisamente en la pena que interesa para el hombre la medida cautelar planteada, hasta que haya nueva fecha para la vista.
Mientras, la letrada del Ejecutivo autonómico -que reclama trece años y cinco meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual- ha justificado su solicitud de encarcelamiento provisional al entender que concurren los requisitos para ello, en concreto riesgo de fuga y de reiteración delictiva por parte del implicado, que además carece de arraigo, según ha indicado.
HECHOS SEGÚN ESCRITOS DE ACUSACIÓN
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, acusado y víctima intercambiaron conversaciones a través de Instagram y en un momento dado quedaron para conocerse.
El hombre la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que la chica le pidió "que parara repetidamente, dado que le hacía daño". Después, dieron un paseo y sucedió lo mismo en un lugar cercano.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria explica en su escrito que la menor presentaba una situación de vulnerabilidad: "Su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta".
El Servicio Jurídico del Ejecutivo indica además que el acusado "ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza".
Y destaca al respecto que "el modo de proceder es similar en todos los relatos: primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare".
DELITOS Y PENAS
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis más de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez años de inhabilitación para trabajar con menores.
Por su parte, el Ejecutivo regional considera que los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual, "no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable", sino también "por sus súplicas para intentar parar la agresión".
Además, la acusación particular entiende que concurre como agravante la situación de inferioridad de la víctima, "por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica".
Así, la petición de condena por el delito continuado de agresión sexual que realiza la administración asciende a trece años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores. Y en concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización para la joven de 6.000 euros.
